Ocho operativos simultáneos desmantelaron parte de una red dedicada a la extracción ilegal de oro en inmediaciones del páramo de Santurbán, en Santander. Las diligencias, ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, se realizaron en la vereda Angosturas y en plantas de procesamiento de California, además de Suratá y Matanza.
En los procedimientos participaron unidades de la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y del Ejército Nacional. Aunque no se reportaron capturas, las autoridades lograron incautar un importante arsenal y material usado para la actividad ilícita, que según la investigación, estaría bajo el control de una estructura criminal.
Millonarias ganancias y una ruta comercial hacia las capitales
Según el reporte de las autoridades, la organización obtendría más de 1.200 millones de pesos mensuales por la venta del mineral.
El oro extraído en la zona intervenida sería trasladado para su comercialización en establecimientos de Bucaramanga y Bogotá.
En los allanamientos fueron decomisados 92 millones de pesos en efectivo, 211 gramos de oro en amalgama y 114 gramos de oro en joyas.
Una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente obtuvo la legalidad de los elementos incautados y continuará con las indagaciones para identificar y judicializar a los responsables.
Químicos y explosivos en plena zona de páramo
Entre lo hallado también se cuentan 200 kilogramos de cianuro y 1.902 gramos de mercurio, dos sustancias altamente tóxicas empleadas para separar el oro de otros materiales.
A esto se suman 120 kilogramos de explosivo tipo ANFO, 700 metros de cordón detonante, 147 barras de Indugel y 62 detonadores, utilizados para abrir socavones y avanzar en la explotación subterránea.
La presencia de estos elementos en un ecosistema de alta montaña confirma, para las autoridades, la magnitud y el nivel de organización de la actividad ilegal en un área que debería estar bajo especial protección ambiental.
El agua, la principal víctima
El impacto más grave recae sobre el recurso hídrico. La investigación señala que la minería ilegal habría contaminado la quebrada La Baja y el río Suratá, dos fuentes clave para el abastecimiento del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.
El mercurio y el cianuro, cuando son vertidos sin control, se filtran a suelos y corrientes de agua, alteran la calidad del líquido y ponen en riesgo la salud de las comunidades que dependen de él.
En un páramo, que funciona como una fábrica natural de agua, el daño puede ser prolongado e incluso irreversible, pues afecta la capacidad del ecosistema para regular y filtrar el recurso.
Un problema que trasciende lo ambiental
La minería ilegal en Santurbán no solo deja un pasivo ambiental. También genera deforestación, pérdida de biodiversidad, erosión y transformación del paisaje, además de riesgos para quienes trabajan en socavones sin condiciones de seguridad.
A esto se suma su impacto social y económico: alimenta economías criminales, desplaza actividades lícitas como la agricultura y el turismo, genera conflictos entre comunidades y debilita la gobernabilidad en municipios como California, Suratá y Matanza.