El proyecto de empréstito de Bucaramanga recibió ‘luz verde’ para continuar su trámite, luego de que el Tribunal Administrativo de Santander revocara las medidas cautelares que mantenían suspendidos los efectos del Acuerdo Municipal 009 de 2026. La decisión permite a la administración municipal avanzar en los procedimientos jurídicos y contractuales para financiar obras de infraestructura vial y la modernización de la red semafórica de la ciudad.
La decisión judicial representa una nueva fase de esta polémica que se había generado alrededor del empréstito, cuyo monto asciende a $538 mil millones y que había sido objeto de una demanda en la que se solicitó la suspensión provisional del acuerdo aprobado por el Concejo de Bucaramanga.
¿Qué se demandó?
El demandante fue Cristian Avendaño, quien sustentó su petición en presuntas irregularidades durante el trámite del acuerdo municipal. Entre los argumentos expuestos señaló una supuesta falsa motivación, al considerar que existían incongruencias entre los estudios, los costos y las obras autorizadas.
También cuestionó la competencia del Concejo Municipal para resolver recusaciones presentadas contra sus integrantes, la presunta intervención indebida del secretario de esa corporación y posibles vulneraciones al principio de publicidad por la sustracción de un documento relacionado con la afectación del Parque de los Gatos.
Adicionalmente, la demanda planteó una presunta expedición irregular del acuerdo, debido al uso de una ponencia única y anticipada para los dos debates que debía surtir el proyecto.
Sin embargo, el Tribunal Administrativo de Santander decidió revocar las medidas cautelares, dejando sin efecto la suspensión que había frenado temporalmente la iniciativa de endeudamiento.
Obras que se financiarán con el empréstito
Al conocerse la decisión del Tribunal, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, expresó su satisfacción y aseguró que la decisión permite destrabar una de las principales apuestas de su administración en materia de movilidad e infraestructura.
“Los honorables magistrados nos dieron la razón. Un proyecto que planteamos como un avance significativo para la ciudad en materia de movilidad, obras de infraestructura vial y el cambio total de la red semafórica va a ser una realidad”, manifestó el mandatario.
Portilla explicó que los recursos del empréstito estarán destinados principalmente a dos grandes componentes: la ejecución de obras viales y la renovación de la infraestructura semafórica de Bucaramanga.
Entre las intervenciones viales mencionó el intercambiador de la carrera 9 con calle 45, la intervención de la denominada 2W en el sector de Mutis y la construcción de una vía alterna hacia el mercado campesino, con el propósito de mejorar la movilidad y descongestionar corredores como las carreras 27 y 33.
El segundo componente contempla la modernización de toda la red semafórica de la ciudad, con el reemplazo de aproximadamente 1.373 semáforos por equipos inteligentes que, según la administración, cumplirán estándares internacionales y permitirán mejorar la regulación del tránsito, reducir los trancones y contribuir a la seguridad vial.
¿Qué sigue para el empréstito?
El alcalde anunció que, luego de conocerse la decisión del Tribunal, la administración continuará con los procedimientos para concretar las operaciones de crédito con las entidades financieras.
Explicó que el siguiente paso será adelantar el análisis jurídico para establecer las modalidades contractuales y los procesos competitivos que correspondan, con el objetivo de avanzar en la contratación y recuperar parte del tiempo que se perdió durante los meses en que estuvo vigente la suspensión.
“Vamos a continuar con la celebración de los contratos de crédito que ya se habían venido avanzando. El siguiente paso es el análisis jurídico para poder definir las modalidades contractuales, los procesos competitivos y lo que haya lugar para que en el menor tiempo posible esto se pueda avanzar”, señaló.
El mandatario también sostuvo que, de acuerdo con su interpretación de la decisión, no existirían nuevos recursos que permitan mantener suspendida la medida cautelar, por lo que su administración está preparada para continuar con el proceso.
Portilla calificó el pronunciamiento como un hecho importante para Bucaramanga y destacó que se trata de una autorización de endeudamiento de una cuantía sin precedentes en la historia de la ciudad.
No obstante, es importante precisar que el levantamiento de la medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva sobre la demanda de nulidad. El pronunciamiento del Tribunal permite levantar la suspensión provisional y continuar con los trámites correspondientes, mientras el proceso judicial sobre la legalidad del acuerdo sigue su curso.
Bajo este panorama, la Alcaldía de Bucaramanga busca avanzar en la estructuración y contratación de los proyectos que pretende financiar con los $538.611 millones, una iniciativa que estuvo frenada durante aproximadamente tres meses por la controversia jurídica.
Claves del tema en tres preguntas
1. ¿Qué decidió el Tribunal Administrativo de Santander frente al empréstito de $538 mil millones de Bucaramanga?
El Tribunal Administrativo de Santander revocó las medidas cautelares que mantenían suspendidos los efectos del Acuerdo Municipal 009 de 2026, mediante el cual se autorizó el empréstito. Con esta decisión, la Alcaldía puede continuar los trámites jurídicos y financieros para avanzar en la operación de crédito.
2. ¿Cuáles son las obras que se financiarán con los recursos del empréstito?
Los recursos se destinarán a importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos el intercambiador de la carrera 9 con calle 45, la intervención de la 2W en el sector de Mutis y una vía alterna hacia el mercado campesino. También se contempla la renovación de aproximadamente 1.373 semáforos mediante la implementación de una red inteligente de movilidad.
3. ¿Qué sigue ahora para la administración del alcalde Cristian Portilla?
El mandatario anunció que continuará con los trámites para concretar los contratos de crédito. La Alcaldía deberá adelantar el análisis jurídico para definir las modalidades contractuales y los procesos competitivos necesarios para ejecutar las obras. Entretanto, la controversia judicial sobre la legalidad del acuerdo continúa, pese al levantamiento de la medida cautelar.