El salario mínimo para 2026 entró en una nueva fase de incertidumbre luego de que el Consejo de Estado decidiera suspender de manera provisional el decreto que establecía el incremento del 23,7 % decretado por el Gobierno Nacional al cierre del año pasado. En entrevista con Alerta 104.4 FM, el economista Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen, explicó el alcance de esta medida, los tiempos definidos por la autoridad judicial y los posibles efectos para millones de trabajadores.
Durante la emisión, el periodista Pacho confirmó que la suspensión del decreto ocurre en un escenario donde el aumento enfrenta más de 16 demandas, lo que llevó al Consejo de Estado a adoptar una medida cautelar mientras analiza la legalidad del proceso mediante el cual se definió el ajuste salarial.
Consejo de Estado, suspensión del decreto y plazo de 8 días
Mejía detalló que la suspensión es temporal y hace parte del procedimiento habitual cuando existe una controversia jurídica. Según explicó, la decisión establece un plazo de ocho días para que las instituciones encargadas del proceso —principalmente el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda— expidan un nuevo decreto transitorio que fije el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 bajo criterios económicos exigidos por la Constitución y la ley.
Entre los elementos que deberán fundamentar esa nueva decisión están el crecimiento de la productividad, la inflación del año anterior y otros factores definidos históricamente para la negociación salarial. Mejía precisó que el punto de discusión es que el gobierno había introducido el concepto de salario mínimo vital, un criterio que, según los demandantes, no había sido utilizado previamente como soporte técnico y que no forma parte de los parámetros tradicionales definidos en la normativa laboral.
El economista aclaró que mientras el ejecutivo expide el nuevo decreto, el aumento del 23 % continúa vigente de manera temporal, por lo que los pagos no sufrirán modificaciones inmediatas. Sin embargo, una vez el Gobierno publique la nueva cifra, será ese valor el que regirá para el resto del año.
Impactos económicos y lectura política del escenario
Consultado sobre la manera en que esta suspensión podría interpretarse en el contexto político, Mejía indicó que la situación puede fortalecer la narrativa del Gobierno Nacional, dado que el presidente Gustavo Petro ya había anticipado la posibilidad de una suspensión, argumentando que las demandas carecían de sustento.
Desde la perspectiva del analista, este episodio también influye en un momento en el que se aproximan elecciones legislativas y presidenciales, lo que podría darle impulso discursivo al Gobierno en medio del debate público. Sin embargo, aclaró que las consecuencias directas para los trabajadores dependerán de la cifra que se establezca en el nuevo decreto.
¿Qué pasa con el sueldo si el aumento cambia?
De acuerdo con Mejía, si el Gobierno decide ajustar el porcentaje a la baja en el nuevo decreto y este reemplaza el aumento del 23 %, los efectos se verían reflejados en la nómina de marzo. Esto significa que los empleadores tendrían que recalcular el salario para adecuarlo al porcentaje definitivo, y los trabajadores recibirían su pago del tercer mes del año con el ajuste correspondiente.
El experto subrayó que este sería el primer caso en Colombia donde un aumento del salario mínimo queda suspendido provisionalmente, lo que introduce un nivel de incertidumbre que no tiene precedentes recientes. Además, llamó la atención sobre la importancia de que el nuevo decreto esté técnicamente soportado para evitar futuros recursos legales.
Un escenario inédito con efectos por definir
Al término de la entrevista, Mejía reiteró que la decisión del Consejo de Estado no representa un retroceso definitivo, sino un proceso jurídico en desarrollo. Mientras tanto, el salario mínimo continúa con el aumento decretado inicialmente, pero su valor final dependerá del análisis técnico que presente el Gobierno en los próximos días.
El economista insistió en que la claridad llegará una vez se conozca el decreto transitorio y el pronunciamiento final del Consejo de Estado. Para millones de trabajadores, el impacto será directo sobre su remuneración en el primer trimestre del año.