El proyecto de Ley 477 de 2026, radicado por el Gobierno nacional el 29 de octubre ante la Cámara de Representantes, abrió una discusión sobre los impuestos que pagan los ciudadanos y el costo de productos y servicios de consumo cotidiano.
La iniciativa, que busca obtener recursos para las finanzas públicas y modificar distintas obligaciones tributarias, ha generado comentarios y cuestionamientos en redes sociales, especialmente por los alimentos que podrían pasar a pagar la tarifa general del IVA del 19 %.
Aunque el Gobierno solicitó darle trámite de urgencia, la iniciativa todavía no es una ley aprobada y sus disposiciones pueden cambiar durante la discusión legislativa. En medio de ese debate, el Observatorio Económico de Armenia examinó las posibles consecuencias para los hogares, las empresas, el turismo y las actividades agropecuarias del departamento.
Los trabajadores formales podrían tener mayores retenciones y aportes a salud
Juan Vásquez, coordinador del Observatorio Económico de Armenia, explicó que uno de los principales cambios estaría en la distribución de las cargas tributarias entre los hogares. Por un lado, las personas de menores ingresos podrían recibir la devolución del IVA desde 2028, mientras que los trabajadores formales con salarios superiores a dos mínimos enfrentarían mayores retenciones de renta y cotizaciones a salud.
Sostuvo que la propuesta contempla un nuevo tramo de renta del 9 % para quienes superen las 720 UVT de base gravable, además de límites a las rentas exentas y cambios en las retenciones. En materia de salud, el aporte para determinados trabajadores pasaría del 4 % al 5,5 % y posteriormente al 8 %, según los rangos y condiciones establecidos en el proyecto.
Además, indicó que para los hogares de menores ingresos, el mecanismo de devolución del IVA, denominado EfectIVA, plantea reconocer una parte del impuesto pagado en las compras, con porcentajes que variarían según la clasificación socioeconómica. El beneficio podría representar un alivio para quienes destinan buena parte de sus ingresos a adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.
Sin embargo, el mecanismo tuvo una aclaración posterior del Ministerio de Hacienda: las personas de menores ingresos podrán recibir la transferencia incluso si no cuentan con factura electrónica, mediante los mecanismos de pago de Prosperidad Social. Por eso, la informalidad laboral de Armenia debe entenderse como parte del contexto económico de la ciudad y no como una condición que automáticamente impida recibir la devolución.
Empresas y turismo también sentirían los cambios
En el sector empresarial, el análisis de Vásquez identifica una reducción gradual del impuesto de renta para las sociedades, que pasaría del 35 % al 33 % en 2027 y llegaría al 31 % en 2028. No obstante, esta disminución estaría acompañada de cambios en las exoneraciones de aportes a salud y parafiscales para trabajadores que ganen más de dos salarios mínimos.
Esto significa que algunas empresas podrían pagar menos impuesto sobre sus utilidades, pero al mismo tiempo asumir mayores costos por la contratación de personal formal. El efecto dependería de la composición de sus nóminas y de los salarios que paguen.
Otro punto de atención para el departamento está en el turismo, pues el proyecto plantea retirar la exención del IVA a determinados servicios turísticos prestados a residentes en el exterior. Según el coordinador del Observatorio, esta modificación podría incidir en la competitividad de los establecimientos que atienden visitantes internacionales, un segmento importante para destinos del Paisaje Cultural Cafetero.
La discusión también involucra a las administraciones municipales, debido a que la propuesta contempla ampliar el límite de endeudamiento de las alcaldías, pasando del 100% al 140% de sus ingresos corrientes. Sin embargo, también se plantean modificaciones relacionadas con los aportes al Fonpet y las transferencias nacionales, por lo que el efecto sobre las finanzas locales dependerá de cómo queden definidas esas condiciones.
Café, plátano, aguacate y otros productos agrícolas podrían pagar el 19 % de IVA
El sector rural es otro de los puntos que el Observatorio considera relevantes para el Quindío. De acuerdo con el análisis de Vásquez, los cambios en las listas de bienes excluidos del IVA podrían hacer que productos como el café, el plátano, el aguacate y los cítricos pasen a la tarifa general del 19 % desde el primero de enero de 2028.
La modificación también alcanzaría determinados insumos agrícolas, entre ellos fertilizantes, semillas y productos utilizados en el control de plagas, lo que podría incrementar los costos de producción. En contraste, productos como la papa, la yuca, el arroz y la panela conservarían su condición de excluidos, mientras que carnes, leche, huevos y pescado mantendrían su tratamiento tributario de exentos, según las disposiciones planteadas.
Para los productores, el cambio no se limitaría al precio de los productos, pues quienes pasen de comercializar bienes excluidos a bienes gravados tendrían que asumir nuevas responsabilidades como cobrar el IVA, expedir factura electrónica y declarar el impuesto. Aunque podrían descontar el IVA pagado en sus insumos cuando cumplan las condiciones para hacerlo, el proceso también implicaría ajustes administrativos y de flujo de caja.
A estas modificaciones se suma el incremento del impuesto al carbono desde 2027, que podría trasladarse a los costos del transporte y la maquinaria utilizada en las actividades agropecuarias. En un departamento con una importante participación de la caficultura y otros cultivos, estos cambios hacen parte de los factores que el Observatorio considera necesarios para evaluar el impacto económico de la iniciativa.
La discusión sobre el proyecto también ha trascendido los espacios institucionales y se ha trasladado a las redes sociales, donde ciudadanos han expresado inquietudes por el posible aumento del IVA en alimentos y productos de consumo habitual.
En Armenia, el contexto económico resulta relevante para dimensionar esas preocupaciones: durante 2025 la pobreza monetaria llegó al 25,1 %, la pobreza extrema al 5,1 % y la informalidad laboral alcanzó el 42,4 %, de acuerdo con las cifras presentadas por el Observatorio Económico.