Tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional evacuaron y brindaron protección a 10 personas en la región del Catatumbo, entre ellas cuatro menores de edad que habían sido reclutados de manera forzada.
Asimismo, se logró el sometimiento voluntario a la justicia de cuatro presuntos integrantes de la Estructura 33, quienes también fueron extraídos por vía aérea.
La operación militar se desarrolló de forma simultánea en los municipios de Tibú y El Tarra (Norte de Santander). En una primera acción, fueron evacuados seis ciudadanos que solicitaron apoyo institucional ante el riesgo de quedar expuestos a confrontaciones armadas.
Menores rescatados en el Catatumbo
Paralelamente, las tropas recuperaron a cuatro adolescentes tras manifestar haber sido reclutados forzosamente por el mencionado grupo armado. Los jóvenes fueron entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Esta maniobra humanitaria y operacional, que permitió salvaguardar la integridad de 14 personas en total, contó con el trabajo articulado de la Defensoría del Pueblo, Migración Colombia y el ICBF.
El Ejército Nacional dijo que continúa desarrollando operaciones militares en el Catatumbo con el objetivo de proteger la vida de la población civil, prevenir el reclutamiento de menores y fortalecer las condiciones de seguridad en el departamento.
En los últimos 22 meses se ha profundizado la crisis humanitaria en el Catatumbo, debido a los constantes enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las Farc, obligando a más de 2 mil personas a salir de su territorio y a cientos de familias a permanecer confinadas.
Según cifras entregadas por el líder social Olguín Mayorga, en lo que va del año se han registrado cerca de 100 secuestros en la zona del Catatumbo. Aunque algunas personas han recuperado la libertad gracias a la mediación de una comisión humanitaria, conformada por la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la crisis persiste.
Los plagios se concentran principalmente en zonas rurales de Tibú (como Campo Dos, Kilómetro 25 y La Gabarra) y municipios cercanos, como Ocaña. Mayorga advirtió que muchas familias evitan denunciar públicamente por temor a represalias, y se ha conocido que varios allegados han tenido que pagar cuantiosas sumas de dinero exigidas tanto por el ELN como por las disidencias de las FARC.