Dueños de negocios emergentes, como locales de comidas rápidas, están siendo presionados en el Atlántico por estructuras criminales que exigen pagos ilegales, afectando su sostenibilidad y obligando, en algunos casos, al cierre definitivo de sus actividades.
En el municipio de Polonuevo, Óscar Avilez, alcalde de la población, manifestó que muchos de estos extorsionistas están en las cárceles, pero siguen delinquiendo. Indicó que, ante esta situación, decenas de negocios han cerrado.
"Podemos hablar de 20 negocios que ya han sido cerrados o personas que ya me han llamado y me dicen: 'Alcalde, [...] yo no tengo la capacidad de pagar o soportar un pago de lo que están pidiendo estos grupos'", dijo Avilez.
Las autoridades identifican al menos tres o cuatro estructuras criminales que se disputan el control territorial en la subregión, entre ellas, el Clan del Golfo, Los Costeños y Los Pepes. Estas organizaciones no solo estarían detrás de las extorsiones, sino también de otros delitos que han incrementado los índices de violencia en el departamento.
La instrumentalización de menores, la otra cara de la inseguridad
Otro factor alarmante es la vinculación de menores a redes delincuenciales: "Hasta ahora no tenemos de que sean obligados, pero sí voluntarios. Muchos de estos jóvenes sí han llegado a estos grupos también por falta de oportunidades", dijo el alcalde.
Ante la creciente preocupación por la utilización de niños, niñas, adolescentes y jóvenes por parte de estructuras delincuenciales, la Gobernación del Atlántico lideró una mesa intersectorial para definir acciones concretas que fortalezcan la protección integral de esta población, con énfasis en la familia como primer entorno de cuidado.
La iniciativa se desarrolló hace unos días, durante la segunda sesión ordinaria de la Mesa de Infancia, Adolescencia, Juventud y Fortalecimiento Familiar (MIAJFF), convocada por la Secretaría de Salud Departamental y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en la Universidad Autónoma del Caribe. El encuentro reunió a autoridades, academia e instituciones clave con el objetivo de articular respuestas frente a las violencias que afectan a la niñez en el departamento.
Uso de menores: una problemática en aumento
Estas prácticas, según el análisis institucional, están motivadas por incentivos económicos, la búsqueda de reconocimiento social o la necesidad de pertenencia, factores que encuentran terreno fértil en contextos familiares vulnerables.
Durante la sesión se identificaron dinámicas complejas en algunos hogares, donde incluso pueden existir vínculos o permisividad frente a estas actividades, lo que refuerza la necesidad de intervenir desde el núcleo familiar.
María Elena Menco, referente de Infancia de la Secretaría de Salud Departamental, explicó que desde el programa de Salud Pública se priorizan cuatro eventos críticos: violencia contra niños y adolescentes, incluido su uso por estructuras criminales, violencia sexual, embarazo adolescente y mortalidad infantil.
"La Gobernación del Atlántico pretende, a través de esta mesa intersectorial, impactar favorablemente a esta población. Estamos enfatizando en el tema familiar, pues la familia es el centro de todas estas problemáticas", afirmó.
En línea con este enfoque, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar socializó la Política Pública Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias, que redefine este núcleo como sujeto colectivo de derechos y agente de transformación social.
Como parte de esta estrategia, se adelantará un diagnóstico departamental para medir el estado de las familias en el Atlántico y orientar acciones más efectivas.
Cifras que encienden las alertas
Los datos expuestos durante la mesa evidencian la magnitud del desafío:
- En Colombia, más de 667.000 niños y niñas están en el sistema de protección del ICBF.
- En el Atlántico, hasta febrero de 2026 se registran 13 muertes violentas de menores.
- A marzo de 2026, 62 menores han sido recuperados de actividades ilícitas en el departamento.
- En 2024 fueron recuperados 318 menores y en 2025 la cifra ascendió a 420.
A esto se suma la alerta de la Policía de Infancia y Adolescencia sobre el uso de redes sociales para promover conductas de riesgo, como convocatorias a actos de indisciplina, amenazas falsas a instituciones educativas y situaciones de acoso escolar.