Las autoridades en Risaralda dieron un nuevo golpe contra la minería ilegal en el departamento. En un operativo desarrollado en la vereda Río Arriba, zona rural del municipio de Mistrató, fueron capturadas cinco personas y se intervinieron más de 10 socavones donde se realizaban actividades ilícitas de extracción de oro.
La acción, liderada por la Policía Nacional en articulación con otras instituciones como la CARDER, permitió además la incautación y destrucción de maquinaria utilizada en estas labores ilegales.
Entre los elementos inhabilitados se encuentran tres dragas tipo embarcación con clasificadora y tres motobombas industriales, equipos que estarían avaluados en cerca de 200 millones de pesos.
¿Sirven a economías criminales?
De acuerdo con el coronel Jhon Hernando Téllez, comandante de la Policía en Risaralda, este resultado hace parte de una estrategia integral para combatir las economías ilícitas que afectan el medio ambiente y financian estructuras criminales en la región.
“Se desplegó esta acción operacional con todas las capacidades institucionales, logrando llegar a la zona para ejecutar la misión”, explicó el oficial, quien además detalló que durante la intervención se revisaron 10 socavones activos en los que se adelantaban actividades de explotación ilegal de oro.
Según las autoridades, este operativo representa una afectación directa a las finanzas de grupos armados que operan en esta zona del departamento, estimada en más de 360 millones de pesos.
Este impacto económico busca debilitar las estructuras que se lucran de la explotación ilícita de recursos naturales.
Delitos ambientales
La minería ilegal continúa siendo una de las principales problemáticas en las zonas rurales de Risaralda, especialmente en municipios como Mistrató, donde la geografía y la presencia de recursos minerales han facilitado la acción de grupos ilegales.
Con este tipo de operativos, las autoridades buscan no solo frenar estas actividades, sino también enviar un mensaje claro sobre el control institucional en el territorio y la protección de los recursos naturales. Mientras tanto, se mantienen labores de vigilancia y seguimiento en otras zonas del departamento donde podrían estarse desarrollando prácticas similares.
Judicializaron a los capturados
Las cinco personas capturadas durante el procedimiento deberán responder ante la justicia por delitos relacionados con el daño a los recursos naturales, ecocidio y explotación ilícita de yacimientos mineros.
Ante esta situación, las autoridades señalaron que estas actividades no solo representan una fuente de ingresos ilegales, sino que también generan graves afectaciones ambientales en los ecosistemas de la región. Por ello pidieron a las comunidades denunciar estas actividades irregulares, buscando así proteger los recursos y evitar que grupos al margen de la ley obtengan beneficios económicos que les permitan consolidar poder en la región.