Tras varios días de protestas, cerca de 30 familias vinculadas al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos en el Catatumbo desbloquearon la sede del programa en Cúcuta.
Esto ocurrió luego de una serie de acuerdos con el Gobierno nacional y la dirección del programa de sustitución, que incluyeron el pago a proveedores pendientes desde hace varios meses.
Los proveedores suministran herramientas, insumos y productos a las comunidades vinculadas a los programas de sustitución, como parte de la estrategia para el recambio de cultivos.
Alexander Molina, representante de las comunidades dedicadas a la siembra de cultivos ilícitos en el municipio de Tibú, aseguró que esta semana se realizarán los pagos pendientes a las familias campesinas y a los proveedores.
"Después de varios días de protestas, acordamos levantar los bloqueos para que el programa haga los respectivos pagos a los proveedores y así poder realizar la feria de servicios, tanto en el Catatumbo como en la ciudad de Cúcuta. Es el compromiso al que se llegó y esperamos que se cumpla", afirmó el líder campesino.
Advierten nuevas protestas
Las comunidades campesinas advirtieron que, de incumplir los acuerdos y no recibir una respuesta oportuna por parte de la dirección del programa de sustitución, tomarán las demás sedes del programa en los municipios de Tibú y Sardinata como medida de presión.
"Esperamos que la señora Gloria Miranda nos dé la cara y nos responda los requerimientos que tenemos; de no ser así, vamos a intensificar las protestas en los puntos donde hay presencia de las oficinas", puntualizó.
Las comunidades han instado al Gobierno nacional a cumplir los acuerdos pactados en el marco del proceso de desmovilización de las extintas FARC, que, diez años después, aún no han avanzado en los territorios.
Tras el anuncio de la estrategia denominada Conexión Catatumbo, iniciativa respaldada por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para la Paz en Colombia, los municipios de Tibú, El Tarra y Sardinata, históricamente afectados por el conflicto armado, siguen a la espera de la destinación de esos recursos.
Según el Gobierno nacional, el fondo multidonante aporta cerca de 1,5 millones de dólares, que se complementarían con una inversión de más de 60 millones de pesos destinada por el propio gobierno para el Catatumbo. Esos recursos están orientados a fortalecer la cadena productiva del cacao, para que las familias que dependieron de la economía ilícita de la coca puedan transitar a una economía lícita.
Desde los territorios se espera que la inversión se materialice y que se pongan en marcha los proyectos anunciados por el gobierno nacional y los cooperantes internacionales, teniendo en cuenta las múltiples necesidades de la región.