La Fiscalía General de la Nación vinculó formalmente a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico y a un particular en la investigación por presuntas irregularidades detectadas en un contrato cuyo objeto era garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.
Según el ente acusador, los elementos materiales probatorios indican que el contrato superó los mil millones de pesos y habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada que, al parecer, no tenía la idoneidad para la construcción de embarcaciones.
Entre los implicados están Jorge Sampayo, exasesor financiero, y Gertrudis Peralta, exasesora jurídica, imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público; así como el contratista Julio Altamar, a quien se le formularon cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación.
“En ese sentido, el contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en la Cámara de Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes. Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada”, expresó la Fiscalía.
De acuerdo con el ente acusador, el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 cascos previstos.
¿Qué dijo el fiscal del caso?
En la audiencia, el fiscal del caso aseguró: "El acuerdo tuvo como fin facilitar la participación de la propuesta presentada por Altamar dentro del proceso de selección abreviada de menor cuantía y, a su vez, garantizar la adjudicación, a pesar de que no contaba con experiencia “ni cumplía con los requisitos habilitantes del Registro Único de Proponentes y el indicador financiero de endeudamiento que le permitiera participar y ejecutar el objeto contractual".
"Julio César Altamar Rodríguez preconstituiría la experiencia solicitada con documentación falsa y la radicaría en la Cámara de Comercio para el Registro de la persona jurídica que representaría", añadió.
Explicó que Altamar haría observaciones al proyecto y al pliego de condiciones, solicitando modificaciones a los requisitos habilitantes y de calificación.
"En su propuesta se comprometería a entregas en el menor tiempo y ofrecería garantías ficticias durante toda la vida útil del bien a suministrar, 15 años, de tal manera que se justificara la asignación del mayor puntaje".