Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para un hombre de 45 años, presuntamente responsable de agredir sexualmente a dos menores de edad en zona rural de El Tarra y Ocaña, Norte de Santander.
Cronología de los hechos
La investigación liderada por el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) detalla un patrón de conducta que se extiende por más de una década sin que el procesado hubiese recibido una condena previa:
Mayo de 2012: El hombre habría abusado sexualmente de una menor de 14 años en El Tarra.
Como resultado de esta agresión, la víctima quedó en estado de embarazo y dio a luz a una niña.
Junio de 2025: Trece años después del primer incidente reportado, el sujeto habría interceptado a su propia hija, también de 14 años. Según el expediente, bajo el pretexto de comprarle ropa, la trasladó en contra de su voluntad a un motel donde realizó tocamientos íntimos e intentó accederla carnalmente.
Cargos e imputación
Tras su captura, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía de Infancia y Adolescencia, un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) imputó al detenido los siguientes delitos, todos en modalidad agravada:
- Acceso carnal violento.
- Acceso carnal violento en grado de tentativa.
- Acto sexual violento.
- Demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años.
Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Estado del proceso
13 años entre un caso y el otro El paso de 13 años entre el primer caso registrado (2012) y el segundo hecho (2025) culminó con la imposición de una medida cautelar en establecimiento penitenciario.
La captura se dio en cumplimiento de una orden judicial, tras la articulación de distintas unidades de investigación que permitieron vincular ambos casos. La medida de aseguramiento intramural busca garantizar la comparecencia del investigado al proceso y prevenir nuevos riesgos para las víctimas y la comunidad, mientras el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio.