Reclutadores de menores

Se intensifica la guerra y aumenta el reclutamiento forzado en el Catatumbo

En el Catatumbo hay un subregistro de reclutamiento que genera alerta entre las autoridades.

Colprensa Reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales.

En el marco de la guerra que se sigue intensificando en la región del Catatumbo, fenómenos como el desplazamiento, el confinamiento y los homicidios se han incrementado de manera desmesurada por el accionar de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.

Sin embargo, lo más preocupante es el fenómeno del reclutamiento forzado de menores de edad, que se ha centrado en municipios como Tibú y El Tarra. En estas zonas del departamento, la presencia de actores armados genera presiones contra la comunidad, que es la más afectada por este tipo de situaciones.

Cifras de reclutamiento en Norte de Santander


La Defensoría del Pueblo confirmó que el año anterior, Norte de Santander fue el sexto departamento a nivel nacional con mayores registros de reclutamiento de menores de edad a manos de grupos armados al margen de la ley.


Con 10 de los cerca de 257 casos registrados, es superado por el departamento del Cauca, que confirmó 93 casos de menores en las filas de los actores en conflicto.

Sin embargo, defensores de derechos humanos aseguran que las cifras no corresponden a la realidad de una zona donde constantemente se reclutan menores de edad de manera forzosa.

Desde la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico), han advertido que, a nivel nacional, Norte de Santander es una de las zonas del país más afectadas por este fenómeno, que especialmente impacta a los niños y jóvenes.

Fernando Cobo, representante de COALICO, en diálogos con La FM, aseguró que, a pesar de que no tienen la capacidad de hacerle un seguimiento a los registros de denuncias por reclutamiento forzado, tienen claridad de que la tendencia de aumento de este fenómeno es innegable.

"Como COALICO, no tenemos una capacidad muy amplia para poder hacer el seguimiento y la verificación de casos, pero sí es claro que este fenómeno tiene una tendencia específica y que, lamentablemente, Norte de Santander está punteando como uno de los departamentos donde más casos de reclutamiento se han presentado. Seguido de Caquetá, Guaviare, Cauca y Valle del Cauca", expresó el director del observatorio de la Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico).

Subregistros de reclutamiento forzado


Para COALICO, el subregistro de reclutamiento forzado en Norte de Santander es bastante amplio. Teniendo en cuenta que en la zona las denuncias por este delito son nulas, en gran parte por el temor de las familias para dar a conocer este tipo de eventos.

Para la Alta Consejería para la Paz en Norte de Santander, el delito del reclutamiento forzado se ha incrementado en un 222 %, alcanzando cifras históricas en esta materia y es motivo de preocupación por parte de organismos defensores de derechos humanos y asociaciones como las Madres del Catatumbo.

Responsables de reclutar menores de edad


Desde el año 2017 se han emitido 349 alertas tempranas, de las cuales 163 son estructurales y 186 son de inminencia. Del total, 299 advierten riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes.

Donde el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC lidera con un 47.1 % la responsabilidad de reclutamiento de menores de edad. Seguido por otros bloques de disidencias con un 15.6 %. El ELN, con un 11.7 % de los casos de reclutamiento forzado, se ubica en la tercera posición, seguido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia con un 8.2 %, según cifras de la Defensoría del Pueblo.

Sobre esos datos, más del 60 % corresponde a niños y adolescentes, y cerca del 40 % a niñas y adolescentes. Esto obliga al Gobierno nacional a fortalecer los entornos protectores y asegurar que los centros educativos y los espacios comunitarios estén libres de violencias. También debe consolidar una respuesta intersectorial, sostenida y territorial que prevenga el reclutamiento y atienda integralmente a las víctimas.