Ad portas de cumplirse quince meses del inicio de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, la afectación al derecho internacional humanitario y los derechos humanos se ha incrementado exponencialmente.
Especialmente en zonas como el municipio de Tibú, El Tarra y la provincia de Ocaña, donde la presencia de los actores armados en disputa ha generado graves afectaciones a las comunidades campesinas, indígenas y civiles que son víctimas de fenómenos de desplazamiento forzado, confinamiento y amenazas.
Cifras de desplazamiento:
Según el reciente informe del puesto de mando unificado, 101.439 personas han salido desplazadas de manera forzada desde el inicio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC en la revista del Catatumbo. De los cuales 50.322 víctimas llegaron a la ciudad de Cúcuta, seguido de Ocaña, que reportó la llegada de 20.644 personas, y Tibú, con el registro de 12.664 desplazados.
Una cantidad importante de esta población no regresó a sus territorios, debido a las amenazas de las cuales han sido objeto por parte de los actores que están en enfrentamientos y el fenómeno de reclutamiento forzado que impide que miles de familias retornen a los lugares donde salieron desplazados inicialmente.
Ocaña, tercer municipio que más recibe desplazados en el país
El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata, en diálogos con la FM, aseguró que el municipio es el tercero a nivel nacional que más población desplazada atiende a través de sus entidades y organismos de atención. Por detrás de municipios como Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Tumaco, en el departamento de Nariño.
Ocaña ha sido epicentro de esta crisis humanitaria desde el año anterior. A pesar de que no se han presentado combates en su territorio, ha recibido más de 20 mil personas desplazadas; 13.500 de ellas, en un desplazamiento masivo, y las demás han sido declaraciones individuales en la personería, la defensoría del pueblo y otras entidades. Esto ha generado que Ocaña sea el tercer municipio a nivel nacional que más población desplazada recibe", expresó el alcalde.
El mandatario local afirmó que es necesaria la articulación con el gobierno nacional y departamental para pasar del asistencialismo a la atención focalizada e integración económica.
Familias confinadas
Los recientes combates entre el ELN y las disidencias de las FARC en el sector de Filogringo han ocasionado el confinamiento de por lo menos 283 personas, que no han podido salir de sus viviendas por la crudeza de los enfrentamientos. Muchas de estas personas están con limitaciones de desplazamiento, afectando suministros de alimentos e impidiendo el acceso a servicios básicos.
La utilización de drones que patrullan los cielos de la región cargados con explosivos impide que decenas de familias circulen con normalidad por las vías, ante los ataques con estos dispositivos que se han registrado en la zona.
Homicidios registrados
A pesar de que defensores de derechos humanos y la misma comunidad reportan la muerte de por lo menos 500 personas en medio del recrudecimiento de la guerra en el Catatumbo, las autoridades tienen el reporte oficial de 171 muertes en este conflicto. De los cuales 152 son civiles, seis firmantes de paz, tres líderes sociales y diez menores de edad.
Enrique Pertúz, presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos, afirmó que hay un subregistro que da cuenta de por lo menos 500 muertes, entre civiles, miembros de la fuerza pública e integrantes de grupos armados que están en disputa. De estos últimos, no se tiene un reporte oficial por parte de las autoridades regionales.
Caravana humanitaria en el Catatumbo
Desde el pasado 24 y hasta el 28 de marzo, una caravana humanitaria recorre el Catatumbo recopilando información de las comunidades, que están en medio de la violencia que se ha fortalecido en el Catatumbo.
La ONG Vivamos Humanos, que acompaña el recorrido en la zona, especificó que las afectaciones por utilización de drones con explosivos, los señalamientos y amenazas a las comunidades campesinas, indígenas y civiles son los escenarios que más preocupan. Teniendo en cuenta las dificultades en materia de seguridad, tras los anuncios de las disidencias de las FARC de no permitir la presencia de entidades ni organismos humanitarios en áreas donde haya influencia de este actor armado.