La Corporación Vivamos Humanos y la Mesa Humanitaria del Catatumbo, junto con otras 22 entidades nacionales y locales, se trasladaron a cuatro corregimientos del municipio de Tibú, en la zona del Catatumbo, con el objetivo de dialogar con la población civil y conocer directamente los efectos de la crisis humanitaria que se viene presentando desde enero de 2025 por los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
La Corporación Vivamos Humanos informó que permanecieron cinco días en los corregimientos de Campo 6, Bertrania, kilómetro 25 y Versalles, zona rural de Tibú, donde atendieron directamente a más de 1.400 personas de las comunidades más afectadas por el conflicto armado.
"La situación más delicada es la instalación de campos minados en vías veredales y entornos educativos y la utilización de drones con explosivos, lo que afecta la movilidad de la población civil, en especial de los niños al trasladarse a sus centros educativos, originando temor en las comunidades", dijo la Corporación Vivamos Humanos.
Resultado de la crisis humanitaria
De acuerdo con el estudio, se conoció que 99.000 personas han sido desplazadas desde el inicio de la crisis en enero de 2025.
Actualmente, 600 personas se encuentran confinadas, y durante el inicio de la crisis más de 30.000 ciudadanos se vieron afectados por el conflicto armado.
Se registran más de 170 homicidios por armas de fuego, 5 personas desaparecidas y más de 4.000 habitantes evacuados de emergencia.
Judith Maldonado, de la Corporación Vivamos Humanos, dijo "que entre los grandes ausentes frente a este recorrido se encuentran la alcaldía y la personería del municipio de El Tarra en medio de esta crisis humanitaria, y la no participación de la Defensoría del Pueblo". (sic)
Igualmente, se requiere presencia de la Cancillería ante el gran número de migrantes, aunque se logró una respuesta positiva de Migración Colombia en la zona del Catatumbo.
Los resultados de esta misión evidencian tanto la magnitud de la crisis humanitaria como la urgencia de consolidar una respuesta integral, sostenida y coordinada en el territorio que garantice la protección de la población civil en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
La respuesta institucional incluyó atención a 1.400 personas en materia de salud, toma de declaraciones y orientación a víctimas, atención a población migrante, acompañamiento psicosocial y atención diferencial a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. También se brindó asesoría en temas de tierras, despojo, desplazamiento forzado y acceso a rutas de protección, entre otros.
Llamado al diálogo con el ELN
"La población civil reclama el respeto del Derecho Internacional Humanitario, que cesen los ataques de los grupos armados contra la población civil y pide la instalación de mesas de diálogo con el ELN antes de culminar el actual gobierno", dijo Judith Maldonado.
La Corporación Vivamos Humanos reconoció la presencia y el trabajo articulado de entidades como la Consejería Presidencial para las Regiones, la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, los ministerios del Interior, Salud, Cultura e Igualdad, ICBF, Unidad para las Víctimas, Unidad de Restitución de Tierras, Agencia de Renovación del Territorio, Migración Colombia, la Gobernación de Norte de Santander, alcaldías y personerías, así como otras autoridades territoriales y organismos acompañantes.