En una operación conjunta y coordinada, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional lograron la incautación de más de dos toneladas de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de Acandí, departamento del Chocó.
El cargamento, según las autoridades, pertenecía a la subestructura "Efrén Vargas Gutiérrez" del grupo armado organizado Clan del Golfo.
Incautación de clorhidrato de cocaína en Acandí, Chocó
La acción institucional se desarrolló en la vereda Chugandicito, donde soldados de la Brigada 17 y del Batallón de Fuerzas Especiales n.° 7 del Ejército Nacional, en conjunto con la Armada de Colombia y con el apoyo judicial del Departamento de Policía Urabá, hicieron efectiva una diligencia de registro y allanamiento.
Durante el procedimiento en una vivienda del sector, los uniformados hallaron el estupefaciente distribuido en numerosos paquetes. En el lugar también se logró la captura de un sujeto, quien quedó a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.
Las autoridades mantienen las operaciones en la zona con el objetivo de desarticular las rutas de envío de droga hacia el exterior que operan en esta estratégica ubicación del Golfo de Urabá.
Capturas y desarticulación de explotación minera ilegal en Chigorodó
Las autoridades del Urabá antioqueño ejecutaron una operación contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Chigorodó. El procedimiento permitió desarticular un foco de extracción ilegal que generaba graves daños ambientales en las fuentes hídricas locales.
Durante la intervención, las autoridades capturaron en flagrancia a 32 personas mientras realizaban labores de extracción de material de arrastre sin los permisos legales correspondientes. Según el informe técnico, esta actividad estaba provocando sedimentación irreversible y alteración del cauce de una fuente hídrica del sector.
Además de las detenciones, fueron incautados varios vehículos de carga utilizados para el acopio y transporte del material extraído. Los elementos probatorios indican que esta infraestructura logística era fundamental para el sostenimiento de la actividad ilícita en la zona.
Las labores de inteligencia financiera y verificaciones de campo establecieron que esta unidad de explotación ilegal generaba rentas criminales estimadas en $300 millones de pesos mensuales. Estos recursos, de acuerdo con la investigación, dinamizaban la economía de estructuras delincuenciales con injerencia en el municipio.
Los 32 capturados, junto con el material incautado y los vehículos inmovilizados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Los procesados deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales.