Un fallo del Consejo de Estado ordenó a la Contraloría del Huila y el gobierno departamental, el reintegro inmediato de una trabajadora que fue separada de su cargo en el año 2001 sin justa causa y tendrán que cancelarle cerca de 850 millones de pesos como indemnización por los sueldos que no recibió la trabajadora durante todos estos años.
Lea También: Huila participó en la jornada de Simulacro Nacional
La demandante, se desempeñaba como mecanógrafa de la Contraloría del Huila desde junio de 1990, a través de la Resolución 153 del 21 de diciembre de 1993, expedida por la Comisión Seccional del Servicio Civil y suscrita por el Gobernador del Departamento del Huila; fue inscrita en el escalafón de la carrera administrativa como Auxiliar de Microfilmación en la Contraloría Departamental del Huila, señalándole que a partir de esa fecha, entraba a gozar de todos los derechos que le otorga la carrera administrativa.
La funcionaria laboró con la Contraloría Departamental del Huila, entre el 8 de junio de 1990 hasta el 4 de marzo de 2001, destacándose por su buen desempeño laboral, las capacidades y conocimientos, pues logró posiciones, como Mecanógrafa, Auxiliar de Microfilmación, Digitador, Almacenista, Secretaria y Auxiliar de Presupuesto.
Según el Consejo de Estado, la contraloría falló al no hacer ningún estudio o análisis técnico que recomendará el retiro de la demandante, contrario a la lógica, según las autoridades, suprimir el empleo de un funcionario, para luego nombrar a otras dos personas para que realicen las mismas funciones, cuando está demostrado y reconoce la entidad, la idoneidad y capacidad de la demandante, no tenía sentido.
Lea También: Excombatientes del sur del país iniciarán peregrinación en defensa de la vida y la paz
Según el fallo, quedo demostrado que pese a una orden de reestructuración ordenada por la Contraloría General de la Republica, la jefe de la entidad en el departamento no debió nombrar a otra persona para ocupará el mismo cargo.
La contraloría deberá reintegrara a la funcionaria al mismo cargo o en su defecto a uno más alto y pagarle junto con la gobernación del Huila todos los salarios y prestaciones sociales que dejó de percibir desde el año 2001 hasta la fecha.