La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos cargos a Juan Sebastián Díaz Quintero, señalado como integrante del grupo delincuencial ‘Familia P’, por su presunta participación en tres ataques armados ocurridos en Cúcuta durante el año 2025.
Según la investigación, el primero de los hechos se registró el 1 de febrero de 2025 en inmediaciones de la Terminal de Transporte de la capital nortesantandereana. Díaz Quintero habría disparado contra un grupo de personas, dejando a una de ellas lesionada.
El segundo ataque se dio el 10 de junio del mismo año en un establecimiento comercial del barrio Ceci. Una joven de 19 años, quien laboraba en el lugar, fue víctima de múltiples disparos mientras Díaz Quintero se movilizaba en motocicleta. La mujer recibió impactos en el tórax, abdomen y brazo, sufriendo heridas de gravedad.
El tercer incidente investigado ocurrió el 30 de junio de 2025 en el barrio Torcoroma I. La víctima estaba llegando a su lugar de residencia, cuando fue interceptada por un hombre en motocicleta, identificado presuntamente como el imputado, quien le disparó, causándole una herida en el abdomen.
La Fiscalía le atribuye a Díaz Quintero los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, cargos que se suman a imputaciones previas en su contra, relacionadas con actividades del grupo ‘Familia P’, estructura delincuencial con injerencia en el área metropolitana de Cúcuta, dedicada a diversos actos delictivos.
Durante la audiencia de imputación, el procesado no aceptó los nuevos hechos por los que se le acusa.
Un juez de control de garantías decidió mantener la medida de aseguramiento intramural, por lo que continuará privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.
Estos nuevos cargos refuerzan las acciones de las autoridades en Cúcuta y Norte de Santander contra ‘Familia P’, grupo que ha sido objeto de múltiples operaciones judiciales y policiales en la capital nortesantandereana en los últimos meses, con el fin de desarticular sus estructuras y reducir la violencia asociada al crimen organizado en la ciudad y el departamento.