En medio de un operativo, las autoridades rescataron a tres personas que habían sido secuestradas en Puerto Colombia, Atlántico, y lograron la judicialización de dos presuntos responsables, quienes ahora enfrentan cargos por secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.
Luego del operativo, un fiscal del Atlántico judicializó a Jhan Carlos Gamboa Jiménez y Yulieth Elizabeth Carvajal Gómez, por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El caso, que generó alarma por la millonaria exigencia económica, deja en evidencia la rápida reacción de los organismos de seguridad.
Los hoy imputados exigían el pago de más de mil millones de pesos. En ese lapso, los familiares alcanzaron a transferir más de $20 millones de pesos a través de operaciones bancarias.
Así se gestó el secuestro
Según la investigación de la Fiscalía, los hechos se remontan a mediados de enero de 2026, cuando las víctimas comenzaron a recibir mensajes intimidatorios en los que se exigía el pago de una suma superior a los $1,000 millones de pesos a cambio de su liberación.
En medio de la presión y el temor por la integridad de sus familiares, allegados de los afectados alcanzaron a realizar transferencias que superaron los 20 millones de pesos, mientras las autoridades avanzaban en la recolección de información para ubicar a los responsables.
Interceptados en un centro comercial
El material probatorio indica que las víctimas fueron interceptadas el 17 de enero en un establecimiento comercial del norte de Barranquilla. Posteriormente, fueron trasladadas hasta el sector de Santa Verónica, en jurisdicción de Puerto Colombia, donde permanecieron retenidas contra su voluntad.
Este traslado permitió a los captores mantenerlas aisladas mientras continuaban las exigencias económicas, en un intento por concretar el pago del rescate.
Inteligencia y seguimiento: claves del rescate
El trabajo articulado de policía judicial, análisis de llamadas y seguimiento de movimientos financieros permitió a unidades especializadas del Gaula de la Policía Nacional ubicar el sitio exacto donde estaban las víctimas.
El operativo culminó con el rescate de las tres personas y la captura en flagrancia de los presuntos implicados. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego, cartuchos, varios teléfonos móviles, tarjetas SIM y un vehículo que habría sido utilizado en la comisión del delito.
Judicialización y medida intramural
Tras la presentación ante un juez de control de garantías, los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. La Fiscalía les imputó los delitos de secuestro extorsivo y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.
Las autoridades reiteraron que este resultado hace parte de las estrategias para combatir el secuestro y la extorsión en el departamento, e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier situación sospechosa que permita prevenir este tipo de delitos.