Un exintegrante de la Policía Nacional fue condenado a ocho años de prisión por exigir dinero a un ciudadano a cambio de no inmovilizar la motocicleta que conducía en Valledupar, Cesar.
Se trata de Juan Carlos López Daza, quien para el momento de los hechos se desempeñaba como patrullero de la Policía Nacional. El Juzgado Quinto Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar lo declaró penalmente responsable del delito de concusión.
La decisión fue adoptada luego de finalizar el juicio oral y analizar las pruebas presentadas durante el proceso.
Le exigieron $300.000 para evitar la inmovilización
Los hechos ocurrieron el 20 de junio de 2016, cuando la víctima fue requerida por dos uniformados y posteriormente trasladada al CAI Garupal de Valledupar.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, al ciudadano le hicieron saber que podía enfrentar un proceso judicial relacionado con la motocicleta que conducía. Sin embargo, los funcionarios le habrían exigido $300.000 a cambio de evitar dicha actuación.
El dinero fue entregado parcialmente en efectivo y el monto restante habría sido obtenido mediante un retiro bancario realizado ese mismo día.
Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que el entonces patrullero aprovechó su posición como servidor público y la autoridad que ejercía sobre la víctima para obtener un beneficio económico indebido.
Un retiro bancario fue clave en el proceso
Para el juzgado, los testimonios entregados por la víctima y su madre resultaron coherentes y constantes en los aspectos fundamentales del relato.
Estos testimonios, además, fueron respaldados por elementos documentales, entre ellos un comprobante de retiro bancario por $200.000, realizado en la misma fecha y en un horario relacionado con los hechos denunciados.
Con base en el conjunto de pruebas, el despacho concluyó que la Fiscalía logró demostrar más allá de toda duda razonable tanto la existencia del delito como la responsabilidad de López Daza.
El juez consideró probado que el acusado abusó de su condición de servidor público para solicitar una utilidad económica que no le correspondía.
¿Cuál fue la condena contra el expatrullero?
El juez Andrés Alberto Palencia Fajardo impuso a Juan Carlos López Daza una pena de 96 meses de prisión, equivalentes a ocho años.
Además, deberá pagar una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes para 2016 y tendrá una inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas durante 80 meses.
El juzgado también negó la posibilidad de acceder a la suspensión condicional de la pena y a la prisión domiciliaria, debido a que se trata de un delito doloso cometido contra la administración pública.
La sentencia es de primera instancia y, una vez quede en firme, se emitirá la correspondiente orden de captura para que el condenado cumpla la pena impuesta.