La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde de Villa de Leyva, Boyacá, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, por los presuntos delitos de concusión y prevaricato por acción. En el mismo proceso judicial también fue acusado el particular Juan Camilo Sánchez Torres por el delito de concusión, por su presunta participación en hechos relacionados con la gestión de trámites urbanísticos en el municipio.
Según la investigación del ente acusador, los hechos se remontan al 8 de junio de 2025, cuando, presuntamente, el mandatario municipal exigió a la representante legal de una empresa de inversiones contratar a Sánchez Torres para prestar asesoría en la gestión de permisos y otros requerimientos administrativos.
La Fiscalía sostiene que posteriormente el alcalde habría solicitado incrementar los honorarios acordados para el contratista, quien durante los 11 meses en que prestó sus servicios recibió pagos cercanos a los $48 millones.
La investigación también señala que el 4 de marzo de 2026 Gamboa Chaparro habría solicitado, mediante mensajes de voz, el pago de $112 millones, equivalentes al 20 % del valor establecido para la ampliación de una licencia de construcción.
De acuerdo con el ente investigador, aunque esa exigencia fue retirada posteriormente, dos días después el alcalde expidió una resolución que, pese a un posible conflicto de intereses, habría constituido una represalia y una forma de presión tras la negativa inicial de la empresaria a acceder a las presuntas exigencias económicas.
Como consecuencia de esa decisión, la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva rechazó la solicitud de ampliación de la licencia de construcción presentada por la empresa.
Adicionalmente, el inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio impuso a los representantes del proyecto una multa cercana a los $232 millones.
Ahora, con la presentación de la acusación, el proceso penal avanza hacia la etapa de juicio, en la que la Fiscalía buscará demostrar la responsabilidad de los procesados.