La situación de seguridad en las escuelas públicas del municipio de Soledad, en la costa atlántica, ha generado un debate abierto entre la administración municipal y el sindicato de educadores. Mientras las autoridades locales sostienen que las amenazas en línea podrían provenir de estudiantes, voceros del sindicato rechazan esta afirmación, argumentando que la postura oficial minimiza un problema de orden público más complejo.
Por un lado, el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia, informó que las investigaciones técnicas realizadas por agencias de inteligencia del Estado apuntan a la presunta participación de estudiantes en el diseño y la difusión de los mensajes intimidatorios. Según el funcionario, estas acciones buscan perturbar el calendario académico. Como respuesta inmediata, la Policía Metropolitana de Barranquilla implementó patrullajes y esquemas de vigilancia permanente en las entradas y alrededores de los centros educativos para brindar garantías de seguridad a padres y estudiantes.
"Exhortamos a la ciudadanía a tener precaución y no reenviar estos mensajes en cadena por WhatsApp, ya que la desinformación dificulta la labor preventiva de la policía", declaró el secretario de Gobierno de Soledad, Carlos Valencia. Por otro lado, la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) manifestó públicamente su desacuerdo con las conclusiones preliminares.
La secretaria general del sindicato, Marinelda Salas, afirmó que culpar a los estudiantes sin una investigación judicial exhaustiva estigmatiza a los jóvenes e ignora la gravedad de las acusaciones. La dirigente sindical enfatizó que el sindicato no pretende generar pánico, pero reiteró que no se puede hablar de normalidad en las aulas cuando persiste el temor entre docentes y familias.
ADEA también advirtió que la circulación de panfletos virtuales ha traspasado las fronteras de Soledad y ha comenzado a registrarse repetidamente en escuelas de la ciudad de Barranquilla. Ante este panorama, el sindicato solicitó un seguimiento formal por parte de la Defensoría del Pueblo y las autoridades municipales para garantizar la protección de los derechos humanos y la integridad de toda la comunidad educativa del departamento.