A través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo advierte sobre el grave riesgo de vulneraciones a los derechos humanos a causa de la acelerada expansión territorial y consolidación de las autodenominadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada en Cáchira y La Esperanza.
La Alerta Temprana de Inminencia 007 de 2026 manifiesta lo siguiente: “El escenario de riesgo se define por la incursión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada desde los departamentos de La Guajira, Magdalena y Cesar, buscando controlar un corredor estratégico que conecta con Santander, el sur de Bolívar y el Catatumbo”.
Grupos de autodefensas
Según la Defensoría del Pueblo, esta estructura armada ha transitado de una presencia discreta a un control territorial efectivo, aprovechando el repliegue del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y la vulnerabilidad institucional en la zona, donde se alerta sobre la materialización de conductas violentas que buscan imponer una autoridad de facto.
“Durante el año 2025, el municipio de La Esperanza registró 11 homicidios selectivos, la cifra más alta en los últimos cinco años, utilizados como mecanismo de ‘limpieza social’ y control ejemplarizante”, dijo la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, la entidad ha documentado retenes ilegales e interceptación del transporte público, como el ocurrido el 19 de enero, en el que individuos armados intimidaron a los pasajeros y marcaron vehículos con insignias del grupo ACSN.
Amenazas del ELN y disidencias de las Farc
Adicionalmente, la entidad nacional de derechos humanos advierte sobre la posibilidad de confrontaciones armadas directas en la zona alta del municipio de La Esperanza, debido a la capacidad de proyección del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las extintas Farc (Frente 33) desde el Catatumbo, lo cual podría derivar en desplazamientos masivos y confinamientos.
“Se tiene información de la ocupación indebida de escuelas rurales, vulnerando el principio de distinción del DIH y exponiendo a niñas, niños y docentes; presiones para imponer el cultivo de coca, amenazando la economía cafetera lícita que las comunidades han fortalecido como estrategia de paz”, manifiesta la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, consideran que existe un riesgo crítico para las comunidades, especialmente para niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes vienen siendo blanco de estrategias de reclutamiento forzado y captación, mediante ofrecimientos económicos o coacción para “proteger” a sus familias.
Por otro lado, servidoras y servidores públicos, así como lideresas y líderes sociales y defensores de derechos humanos, han sido víctimas de amenazas de muerte por oponerse a economías ilícitas o por el ejercicio de sus funciones, lo que ha llevado a varios de ellos a solicitar medidas urgentes de protección ante la Unidad Nacional de Protección.
Igualmente, están en riesgo comunidades campesinas de zonas rurales afectadas por la confrontación armada, personas previamente victimizadas por el conflicto armado, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y hombres en situación de especial vulnerabilidad social y adultos mayores.
Urgen acciones de protección ante panorama de riesgo inminente
La Defensoría del Pueblo formuló 16 recomendaciones de carácter urgente dirigidas al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como a las administraciones departamentales y locales, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población en riesgo.