La Gobernación del Atlántico intensificó las acciones contra el robo de agua en distintos municipios del departamento, una problemática que cobra mayor relevancia en medio de las altas temperaturas y la presión sobre las fuentes hídricas ocasionadas por el fenómeno de ‘El Niño’.
De acuerdo con las autoridades, durante lo corrido de 2026 han sido desmontadas 50 conexiones clandestinas en la línea de conducción del sistema regional Manatí-Candelaria, una práctica que afecta el suministro para miles de usuarios, genera millonarias pérdidas económicas y ocasiona daños a la infraestructura de los acueductos.
Ante esta situación, la Secretaría del Interior puso en marcha el denominado Grupo Antifraude, una estrategia que articula esfuerzos entre la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, las empresas prestadoras del servicio, la Policía Nacional, el Ejército y el CTI de la Fiscalía para detectar conexiones ilegales, identificar a los responsables y avanzar en los procesos judiciales correspondientes.
“El Grupo Antifraude nace con una visión integral para enfrentar diferentes formas de defraudación y afectación de bienes y servicios. No vamos a permitir que quienes se apropian ilegalmente de los recursos terminen afectando a las comunidades que cumplen con sus obligaciones”, afirmó José Antonio Luque, secretario del Interior del Atlántico.
Recuperan más de 1,6 millones de litros diarios
Uno de los resultados más recientes de esta estrategia se produjo durante un operativo realizado entre el 21 y el 25 de septiembre en la línea Manatí-Candelaria, donde fueron retiradas 16 conexiones clandestinas y se logró recuperar un caudal de 19 litros por segundo.
Según las autoridades, esta cantidad equivale a más de 1,6 millones de litros de agua al día, volumen comparable con 160 carrotanques de 10.000 litros cada uno.
La empresa Aqualia informó que el recurso recuperado permitirá atender diariamente a cerca de 11.400 habitantes y volverá a estar disponible para el sistema que abastece a los municipios de Manatí y Candelaria, así como a los corregimientos de Leña y Carreto.
Las conexiones ilegales detectadas contaban con derivaciones de una, dos e incluso tres pulgadas, lo que evidencia que el problema trasciende las conexiones domiciliarias de pequeña escala.
“Cada conexión ilegal que retiramos representa agua que vuelve al sistema y puede llegar a las comunidades. En esta jornada recuperamos 19 litros por segundo, más de 1,6 millones de litros diarios”, señaló Luis Galán, jefe de servicio de Atlántico de Aqualia.
Pérdidas millonarias y posibles sanciones penales
La compañía también indicó que el agua obtenida de manera irregular representa pérdidas cercanas a los 250 millones de pesos mensuales por concepto de facturación no percibida.
A lo largo del año se han realizado diez operativos sobre la línea Manatí-Candelaria, logrando recuperar aproximadamente 40 litros por segundo de caudal.
Las autoridades advirtieron que muchos de los casos corresponden a reincidencias, debido a que algunas conexiones vuelven a ser instaladas luego de ser retiradas.
Por esta razón, la estrategia contempla no solo el desmonte de las acometidas ilegales, sino también la identificación de quienes las instalan, financian o se benefician de ellas.
La participación del CTI de la Fiscalía busca fortalecer la recolección de pruebas y la documentación de los procedimientos para adelantar las investigaciones correspondientes.
Cabe recordar que el robo de agua puede constituir el delito de defraudación de fluidos, contemplado en el artículo 256 del Código Penal colombiano, conducta que puede acarrear sanciones penales cuando se cumplan los elementos establecidos por la ley.
Anuncian más operativos
La Gobernación del Atlántico confirmó que mantendrá operativos mensuales durante lo que resta de 2026, con especial atención en las líneas de conducción de los sistemas regionales de acueducto.
Las intervenciones continuarán en el sur del departamento y se extenderán a otros sectores de la zona oriental y centro del Atlántico, incluidos puntos críticos identificados en municipios como Sabanagrande y Polonuevo.
“Vamos a mantener una presencia permanente en los puntos críticos. El objetivo es proteger el agua que debe llegar a las comunidades y garantizar que quienes se conectan legalmente no terminen pagando las consecuencias de quienes se apropian irregularmente del recurso”, concluyó Luque.