El hurto de agua en el Atlántico impide que el líquido llegue a las comunidades que más lo necesitan, afirmó Lady Ospina, secretaria de Agua Potable del departamento, al señalar que las conexiones ilegales están desviando el suministro hacia fincas, cultivos y urbanizaciones irregulares.
Según la funcionaria, el agua queda en manos de terratenientes y urbanizadores que "hacen intervenciones para el desarrollo de sus proyectos"; esa práctica puede llevar a la extinción de dominio.
"La Fiscalía debe actuar con urgencia dentro de lo que permite la ley. Robarse el agua de los acueductos e intervenirlos es un delito que conlleva cárcel y multas económicas. La ley establece que un predio donde se cometen actos delictivos podría ser objeto de extinción de dominio".
Detalles del robo del agua en el Atlántico: ¿mafias estarían detrás?
En un operativo reciente contra el robo de agua, las autoridades hallaron en el municipio de Manatí 33 conexiones ilegales. Según las autoridades, el hurto de agua en el sur del departamento asciende a cerca de 1.500 m³. La funcionaria afirmó que, mediante estas prácticas ilegales, se busca evadir cargas tributarias.
“En lugar de pagar las cargas, me parece que intervienen, chuzan el tubo y roban el agua que es de la gente, no de ellos. Esto es un llamado a una mafia de desarrolladores, de grandes terratenientes y de carrotanques”, expresó la funcionaria.
Ospina indicó que el robo de agua es una problemática extendida en todo el departamento, que afecta directamente a los usuarios y al funcionamiento del sistema de acueducto.
La funcionaria explicó que las intervenciones en las redes perjudican a poblaciones que necesitan el líquido. Según ella, el departamento ha realizado inversiones que superan los $1,3 billones para llevar agua a las comunidades.
“Se construyó una infraestructura muy importante, la única que garantiza poder llegar a todos los corregimientos y veredas para mejorar las condiciones de las cabeceras municipales”.
En ese sentido, rechazó toda ilegalidad.
“No es posible que esta gran inversión, hecha con esfuerzo para que la gente tenga acceso a agua potable y se atiendan necesidades básicas, se quede en grandes terratenientes y urbanizadores sin el cumplimiento de la ley, y que el desarrollo urbanístico del territorio se haga en desorden”.