El recrudecimiento de la violencia en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, volvió a quedar en evidencia tras los recientes hechos relacionados con minas antipersonal registrados en el municipio de Tibú. La Procuraduría General de la Nación rechazó de manera contundente estos ataques y advirtió sobre la grave crisis humanitaria que continúa afectando a esta zona del país, históricamente golpeada por el conflicto armado y que, incluso en pleno 2026, sigue siendo una de las regiones más violentas de Colombia.
El Ministerio Público expresó su preocupación por el uso indiscriminado de minas antipersonales por parte de grupos armados ilegales que mantienen presencia en el Catatumbo, donde persisten enfrentamientos, disputas por el control territorial y amenazas constantes contra la población civil y la Fuerza Pública.
Según señaló la entidad, estos artefactos representan “una sistemática violación de los Derechos Humanos y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario”, debido a los efectos que generan sobre las comunidades campesinas y los uniformados que operan en la región.
Cifras alarmantes y llamado al Gobierno Nacional
La Procuraduría recordó que durante el primer trimestre de 2026 el Catatumbo figura entre las regiones con más víctimas por minas antipersonal en el país.
De acuerdo con el organismo, esta situación deja al descubierto “una táctica criminal de control territorial que impone el terror, genera confinamientos y pone en inminente riesgo la vida e integridad de la población civil y de la Fuerza Pública”.
El caso reportado recientemente en Tibú encendió nuevamente las alertas sobre la situación de seguridad en esta zona fronteriza con Venezuela, donde campesinos, líderes sociales y militares siguen expuestos al peligro de artefactos explosivos instalados en áreas rurales.
Para muchos habitantes del Catatumbo, transitar por caminos veredales o desarrollar actividades agrícolas se ha convertido en una amenaza constante, mientras los grupos armados continúan disputándose corredores estratégicos para actividades ilegales.
Frente a este panorama, la Procuraduría hizo “un urgente llamado al Gobierno Nacional para que retome y garantice el control territorial efectivo” en esta región de Norte de Santander.
Además, solicitó reforzar las estrategias de educación sobre el riesgo de minas antipersonal y garantizar atención integral a las víctimas.
El organismo de control también anunció que mantendrá “labores permanentes de monitoreo frente a la situación humanitaria en el país” y ejercerá “estricta vigilancia preventiva” sobre las autoridades responsables de implementar la política de Acción Integral Contra Minas Antipersonal, con el propósito de evitar nuevas tragedias en el Catatumbo.