Más de 40 personas habrían resultado afectadas por una presunta estafa relacionada con la venta de un lote ubicado en Chinácota, municipio de la región suroriente de Norte de Santander.
La situación fue denunciada públicamente a través de redes sociales y generó un pronunciamiento de la Gobernación de Norte de Santander, que manifestó su consternación y rechazo frente a los hechos.
Las víctimas habrían recibido información sobre la posibilidad de adquirir terrenos en Chinácota y, adicionalmente, acceder a un supuesto subsidio de vivienda otorgado por la Gobernación de Norte de Santander. Sin embargo, la administración departamental aclaró que dicho beneficio no existe.
Algunas de las personas que aseguran haber sido afectadas manifestaron que llegaron a suscribir promesas de compraventa en una notaría de Cúcuta y realizaron pagos relacionados con los terrenos. Ahora, esos recursos estarían en riesgo, mientras buscan esclarecer qué ocurrió y determinar quiénes serían los responsables.
Uno de los elementos que genera preocupación entre los denunciantes es que la persona señalada en las acusaciones sería contratista de la Secretaría de Planeación Departamental.
Esta circunstancia llevó a la Gobernación a precisar que cualquier actuación irregular que eventualmente pueda establecerse correspondería a una conducta de carácter individual.
La Gobernación pide investigar
Ante las denuncias, la administración departamental señaló que los hechos, de comprobarse, no representarían los principios, valores ni las actuaciones institucionales de la entidad gubernamental.
Además, expresó solidaridad con quienes manifiestan haber resultado afectados y pidió a las autoridades competentes avanzar en las investigaciones para establecer lo ocurrido.
“Desde la Gobernación de Norte de Santander expresamos nuestra solidaridad y respaldo a las personas que manifiestan haber resultado afectadas y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que, con celeridad y rigor, adelanten las investigaciones correspondientes, esclarezcan los hechos y determinen las responsabilidades a que haya lugar”, señaló la administración nortesantandereana.
Por ahora, las denuncias deberán ser objeto de verificación por parte de las autoridades, que tendrán que establecer si existieron irregularidades en la comercialización de los terrenos, los pagos realizados por los compradores y la presunta oferta de subsidios de vivienda.