El Gobierno Nacional manifestó su preocupación por la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 415 de 2026, una medida que, según el Ejecutivo, pone en riesgo el funcionamiento financiero del sistema pensional y afecta directamente a miles de afiliados trasladados a Colpensiones en el marco de la reforma pensional.
A través de un comunicado oficial conjunto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Trabajo señalaron que la determinación judicial impide el traslado de recursos de ciudadanos que decidieron acogerse a la oportunidad excepcional contemplada en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 para pasar del régimen privado al Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones.
Según explicó el Gobierno, el Decreto 415 había sido expedido con el propósito de garantizar la estabilidad financiera y la operación adecuada del Sistema General de Pensiones.
No obstante, la suspensión total de esta norma deja bloqueado el traslado de los recursos económicos necesarios para financiar las futuras obligaciones pensionales de quienes ya realizaron el cambio de régimen.
El pronunciamiento oficial advierte que la decisión judicial se fundamenta en que el decreto reglamentaba aspectos de la Ley 2381 de 2024, conocida como la reforma pensional, la cual continúa suspendida por decisión de la Corte Constitucional desde hace dos años.
En consecuencia, el Ejecutivo recordó que la norma vigente sigue siendo la Ley 100 de 1993, que prohíbe que una persona pertenezca simultáneamente a dos regímenes pensionales.
“El sistema queda en una situación compleja porque no resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones asumir el pago de pensiones cuando los recursos de los afiliados permanecen en los fondos privados”, señalaron los ministerios en el comunicado.
El Gobierno insistió en que los recursos involucrados en la controversia mantienen como destino exclusivo la financiación de la seguridad social y el pago de pensiones, descartando cualquier uso diferente de esos fondos.
Además, las carteras de Hacienda y Trabajo advirtieron que la suspensión del decreto podría generar un riesgo aún mayor para los afiliados, debido a que Colpensiones no podría responder por las obligaciones pensionales sin contar con los recursos trasladados desde las administradoras privadas.
Finalmente, se reiteró por parte del Gobierno que el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional, contemplado en el artículo 48 de la Constitución Política, debe ser garantizado para evitar afectaciones futuras a los pensionados y afiliados del país.