Colombia elige un nuevo presidente en medio de un panorama marcado por desafíos en seguridad, salud y economía.
Más allá de las propuestas de campaña, quien llegue a la Casa de Nariño deberá asumir decisiones sobre problemas que vienen acumulándose durante los últimos años y que impactan directamente a millones de ciudadanos.
De acuerdo con un análisis presentado por Noticias RCN, el nuevo mandatario recibirá un país con indicadores que reflejan dificultades en distintos sectores estratégicos, donde expertos y representantes de diferentes áreas advierten sobre la necesidad de adoptar medidas que permitan enfrentar las necesidades actuales.
Retos en seguridad: diálogos, grupos armados y protección de líderes sociales
Uno de los principales desafíos para el próximo gobierno estará relacionado con la seguridad y el orden público. Entre los temas que deberán ser abordados figura la continuidad o redefinición de las estrategias de negociación con grupos armados ilegales.
Según cifras oficiales citadas en el informe, durante el actual gobierno los grupos armados incrementaron su capacidad y presencia territorial en un 79 %, mientras que varios de los procesos de diálogo no alcanzaron los resultados esperados.
A esto se suma la reducción de las acciones de erradicación manual de cultivos ilícitos, que registró su nivel más bajo desde 2010. La situación plantea interrogantes sobre el rumbo que deberá adoptar la nueva administración en materia de lucha contra el narcotráfico.
Otro aspecto que genera preocupación es la situación de los líderes sociales. Aunque la protección de estas comunidades fue una de las prioridades planteadas en los últimos años, los registros muestran que 2026 se convirtió en el año con más homicidios de líderes sociales reportados en el país. Según los datos presentados, 605 personas perdieron la vida mientras desarrollaban labores de defensa de sus territorios y comunidades.
Además, la fuerza pública también enfrenta retos derivados de los retiros de personal registrados por diferentes causas durante los últimos años.
Crisis financiera del sistema de salud preocupa al próximo gobierno
El sector salud aparece como otro de los temas prioritarios para el nuevo presidente. Las cifras revelan dificultades relacionadas con el financiamiento, la atención a los usuarios y la sostenibilidad del sistema.
Estimaciones del sector señalan que existe un déficit de 10,2 billones de pesos en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), mientras que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) registran un patrimonio negativo cercano a los 10 billones de pesos.
Actualmente, siete EPS permanecen bajo medidas de intervención forzada y agrupan a más de 18 millones de afiliados. Estas entidades concentran buena parte de las quejas y reclamos presentados por los usuarios ante las autoridades sanitarias.
Los problemas también alcanzan al suministro de medicamentos. Según datos del sector farmacéutico, la cartera cerró 2025 con una deuda cercana a 4,75 billones de pesos.
A su vez, representantes del sector consideran necesario implementar mecanismos alternativos de financiación y avanzar en la modernización tecnológica de entidades como el Invima.
Las cifras de acceso al sistema también reflejan la magnitud del desafío. Durante 2025 se radicaron más de dos millones de peticiones, quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, equivalentes a un promedio diario de 5.648 solicitudes.
Adicionalmente, en menos de cuatro años se registró cerca de un millón de tutelas relacionadas con servicios de salud.
Economía: déficit fiscal, inversión y empleo informal entre las prioridades
En materia económica, el próximo gobierno deberá enfrentar un escenario marcado por restricciones fiscales y desaceleración de la inversión.
Los análisis citados indican que el déficit fiscal podría alcanzar el 7 % del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre del año. Ante este panorama, distintos informes plantean la necesidad de realizar ajustes presupuestales superiores a 40 billones de pesos.
La inversión también presenta señales de preocupación. Estudios económicos muestran que la formación bruta de capital se encuentra en niveles históricamente bajos y representaría alrededor del 16 % del PIB.
Esta situación limita la creación de nuevas empresas, la ejecución de proyectos de infraestructura y la generación de empleo.
Por otra parte, aunque las cifras de desempleo muestran estabilidad, persiste una alta tasa de informalidad laboral. En abril, el desempleo se ubicó en 8,8 %, nivel similar al registrado un año atrás. Sin embargo, el 54 % de las personas ocupadas trabaja en condiciones de informalidad.
Esto significa que millones de colombianos desarrollan actividades económicas sin acceso pleno a seguridad social, prestaciones laborales o posibilidades de cotizar para una pensión.
Con este panorama, el nuevo presidente de Colombia deberá definir estrategias que permitan responder a los desafíos de seguridad, garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y fortalecer las condiciones económicas del país durante los próximos años.
Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de Alerta.