A cinco años de que se cumpla el plazo de vigencia de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, previsto para 2031, la Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a las entidades del Estado para fortalecer su participación y acelerar los resultados en la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
El pronunciamiento fue realizado por la delegada para la Restitución de Tierras en el marco del Subcomité Técnico Nacional de Restitución de Tierras, un espacio de articulación entre instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y de diálogo directo con las víctimas.
Allí, el ente de control insistió en la necesidad de que las entidades participen de manera activa, con capacidad de decisión, para destrabar procesos que aún presentan demoras y dinamizar la implementación de la política pública.
Durante la sesión, la Procuraduría enfatizó que el momento actual exige un balance riguroso de los 15 años de ejecución de esta política. Si bien se reconocen avances en materia de restitución de tierras y medidas de reparación, también se advirtió que el tiempo restante obliga a realizar ajustes estructurales, tomar decisiones oportunas y mejorar la efectividad de las acciones institucionales.
Cabe recordar que esta normativa fue prorrogada por una década adicional mediante reformas recientes, extendiendo su vigencia hasta el 9 de diciembre de 2031. Este plazo, según el ente de control, debe ser aprovechado para consolidar resultados concretos que garanticen el restablecimiento de derechos de millones de víctimas en el país.
En ese sentido, la Procuraduría anunció que ejercerá vigilancia preventiva sobre las instituciones responsables, con el fin de asegurar el cumplimiento de las políticas públicas y evitar retrasos que afecten el acceso de las víctimas a la reparación integral.
¿En qué consiste la Ley de Víctimas?
La Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, constituye el principal marco jurídico en Colombia para la atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado interno.
Esta normativa fue recientemente fortalecida por la Ley 2421 de 2024, que amplía el concepto de víctima, mejora los mecanismos de financiación y extiende los plazos para la declaración.
Entre sus objetivos principales se encuentra el reconocimiento institucional de las víctimas y la garantía de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
La reparación integral contempla medidas como la restitución de tierras, indemnizaciones administrativas, procesos de rehabilitación física y mental.