En una zona rural de Neiva, la paciencia se ha convertido en paisaje. En el corregimiento de San Luis, la prometida estación de Policía sigue siendo eso: una promesa. Han pasado más de dos años de trámites, reuniones, documentos y vueltas, pero la obra no arranca y la comunidad continúa esperando una presencia institucional que no llega.
Mientras tanto, se han caído proyectos por más de $10.000 millones destinados a fortalecer la seguridad en la ciudad, una cifra que hoy genera más frustración que soluciones.
¿Se han realizado gestiones para seguridad?
“Se han realizado más de 20 gestiones ante el Gobierno Nacional buscando viabilizar estos recursos, y sin embargo ninguna ha logrado concretarse. Entre los proyectos que se quedaron en el papel se encontraba una inversión cercana a $10.000 millones para equipos de movilidad: motos, patrullas, camiones y CAIS móviles. Ninguno fue aprobado”, indicó el secretario de Gobierno municipal, José Ferney Ducuara.
El panorama es aún más complejo si se tiene en cuenta que al menos uno de estos proyectos sí alcanzó viabilidad técnica, es decir, cumplía con los requisitos necesarios para su ejecución. A pesar de ello, nunca se firmaron los convenios que permitirían el desembolso de los recursos.
“Por su parte, el proyecto de las cámaras tiene aprobación de Alfosecón y viabilidad, pero finalmente faltó voluntad del Gobierno Nacional para que eso se tradujera en un convenio. Son los convenios los que permiten traer recursos a la ciudad”, puntualizó el secretario.
En otras palabras, todo estaba listo en el papel, pero en la práctica no pasó nada. Esta falta de articulación frenó iniciativas que buscaban mejorar la seguridad en las zonas urbana y rural.
¿Qué pasa con la estación de policía?
El caso de la estación de Policía en San Luis es quizá el más simbólico de este estancamiento. La infraestructura no solo representa un edificio, sino la posibilidad de brindar mayor tranquilidad a las comunidades rurales que, en muchos casos, se sienten desprotegidas. Sin embargo, la obra no ha avanzado, lo que evidencia las dificultades para materializar proyectos que dependen de la aprobación y financiación a nivel nacional.
“Ese es un proyecto que no fue prorrogado por el convenio que tenía el municipio con el Ministerio del Interior. Lo que estamos haciendo ahora es buscar una adecuación con la secretaría de infraestructura para que pueda funcionar la Policía, ya que las condiciones no son dignas para una institución tan respetada como la Policía Nacional”, agregó el secretario.
Mientras tanto, más de 10 uniformados que hacen parte de la estación en el corregimiento ejercen funciones desde hace ocho años en una casa de bahareque adaptada, con lo necesario para subsistir.
A esto se suma que la Gobernación del Huila había manifestado su intención de cofinanciar uno de los proyectos con una inversión cercana a $1.300 millones. Es decir, había recursos departamentales disponibles para impulsar la iniciativa, pero la falta de aprobación del Gobierno Nacional impidió su concreción.
“No me van a llevar la guillotina porque no van a salir los proyectos, porque esos no son temas de mi responsabilidad, sino del Gobierno Nacional el que apruebe esos proyectos finalmente a través de la firma de convenios”, expresó el secretario Ducuara.
¿Qué pasó en el corregimiento?
La ausencia de infraestructura policial en sectores rurales limita la capacidad de reacción de las autoridades y deja a muchos habitantes en situación de vulnerabilidad, sobre todo en zonas como el corregimiento de San Luis, marcado por la violencia. El caso más recordado es la masacre de siete policías el viernes 2 de septiembre de 2022 en la vereda Corozal.
Los uniformados, cuando se movilizaban en una camioneta oficial del comando de la Policía Metropolitana de Neiva hacia la estación del corregimiento para realizar labores de vigilancia, fueron emboscados y atacados con ráfagas de fusil y detonación de explosivos por integrantes de las disidencias de las Farc.
¿Desde cuándo está la promesa?
La promesa sobre la construcción de la estación no es solo de esta administración; viene desde 2020, durante la gestión de Gorky Muñoz, cuando en un consejo de seguridad el Ministerio de Defensa del entonces presidente Iván Duque anunció los recursos para la obra.
En 2022, el presidente Gustavo Petro visitó el corregimiento tras la masacre y se comprometió con la realización de esta obra; sin embargo, aunque en 2023 se aprobara un convenio para estudios, diseños y construcción por un valor superior a $3.970 millones, en 2026 la administración municipal confirmó que los recursos no se materializarán.
Desde la administración municipal insisten en que el trabajo no se ha detenido y que se continuarán gestionando ante las entidades nacionales para destrabar estos proyectos; aun así, el tiempo sigue pasando y la percepción ciudadana es que las soluciones no llegan con la rapidez que la situación exige.
Mientras los recursos no se ejecutan y las obras no comienzan, la sensación de abandono crece, y en lugares como San Luis la pregunta sigue siendo la misma: ¿hasta cuándo tocará esperar para ver una estación de Policía que deje de ser promesa y se convierta en realidad?