En Montería se cumplió la Primera Sesión Ordinaria de la Mesa Territorial de Garantías, vigencia 2026, un espacio de diálogo, concertación y articulación interinstitucional orientado a fortalecer las acciones de prevención, protección y acceso a la justicia para defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunales del departamento de Córdoba.
La jornada se desarrolló de manera presencial en las instalaciones de la Defensoría del Pueblo en Montería con asistencia de representantes de la Gobernación de Córdoba, Secretaría del Interior y Participación Ciudadana, Secretaría para la Equidad de la Mujer, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alcaldía y Personería Municipal.
También hicieron presencia la Policía Nacional, Ejército, Armada Nacional, Unidad Nacional de Protección (UNP) y Ministerio del Interior, entre otras autoridades y entidades. Asimismo, participan voceros del Proceso Territorial de Garantías, integrantes de la Mesa Territorial de Garantías y representantes de organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y al liderazgo social y comunal del departamento.
Durante este escenario se analizaron acciones y estrategias relacionadas con la prevención de riesgos, la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos, así como las garantías necesarias para el ejercicio de sus actividades.
Además, se fortalecen las rutas institucionales de atención, protección y acceso a la justicia, promoviendo una respuesta articulada frente a las situaciones que puedan afectar esta población.
Voceros de la Policía explicaron que estas acciones se desarrollan en concordancia con la Política Pública Integral de Derechos Humanos y Paz de Córdoba 2020-2034, fortaleciendo el trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad civil.
La Mesa Territorial de Garantías se consolida como un escenario fundamental para generar compromisos, evaluar situaciones de riesgo y promover medidas que contribuyan al ejercicio seguro del liderazgo social y la defensa de los derechos humanos.
En la Policía reafirmaron su compromiso de continuar trabajando coordinadamente con las autoridades político-administrativas, organismos de control, Fuerzas Militares y demás entidades competentes, aportando desde sus capacidades institucionales a la prevención, protección y garantía de los derechos humanos, así como al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad de las comunidades en esta región del país.