No hay derecho. Santa Marta hoy está en la palestra nacional por el que muchos llaman un“bochornoso” hecho de inseguridad ocurrido en el Centro Histórico de esa ciudad, cuando un grupo de reclusos del Centro Transitorio de Protección Norte se enfrentaron entre sí con policías, dejando como resultado un reo muerto y cinco más heridos. En medio del caos, 35 presos aprovecharon para escapar, lo que obligó a las autoridades a activar un plan candado y operativos de búsqueda en diferentes puntos del distrito, sin resultados hasta el momento.
Pero no todo terminó ahí. Según la denuncia de algunos comerciantes de la Carrera Quinta y algunos videos aficionados que están colgados en plataformas digitales, varios de los privados de la libertad se dirigieron hacia la bahía de Santa Marta, donde se bañaron en el mar y posteriormente caminaron por la ciudad, protagonizando escenas de baile e incluso encuentros con familiares en plena vía pública.
Estas imágenes, que rápidamente se conocieron en la capital del Magdalena, generaron indignación y cuestionamientos sobre la capacidad de reacción de las autoridades frente a una situación que se salió de control en cuestión de minutos.
Cuestionamientos por fallas estructurales y falta de protocolos en la cárcel
El caso no solo ha sido rechazado por la ciudadanía, sino también por defensores de derechos humanos, quienes advierten que lo ocurrido evidencia presuntas fallas estructurales en los centros transitorios. Entre las principales preocupaciones están el hacinamiento, “la falta de protocolos claros y las condiciones en las que permanecen los internos”, factores que habrían contribuido al ambiente de tensión que desencadenó el motín.
Para Lerber Dimas, experto en temas de seguridad, este episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el manejo de las personas privadas de la libertad en espacios que, en muchos casos, no están diseñados para estancias prolongadas.
“Esto es muy grave y da cuenta de la improvisación en temas tan sensibles como la seguridad. Para comenzar son 34 personas sindicadas de robo a mano armada y concierto para delinquir. Dos de los principales problemas que hunden a la ciudad y a los que ningún gobierno distrital ha logrado frenar o por lo menos mitigar. El robo es una constante y con niveles altísimos de violencia y el crecimiento de los Grupos Armados Organizados también lo es. De hecho han dejado la regulación de la seguridad a estos últimos”, dijo a través de sus redes sociales.
El también director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, PHDAL, se cuestionó sobre la manera en que las autoridades adoptan medidas en este centro de reclusión.
“Las preguntas que surgen son: ¿cuáles son las medidas de contingencia que tenían? O ¿los diseños o planes alternativos para frenar eventualidades? ¿Qué hizo la Consejería de Seguridad en todo este tiempo?”, se preguntó.
“No son los primeros casos con fugas de presos y motín”
También refirió que el problema de la Norte no es nuevo. "Los motines son constantes y también las fugas de personas de alta peligrosidad (olvidaron lo del Mello y Palacios). Entonces, si ya tenían estos antecedentes; si tenían un diagnóstico claro de la situación e innumerables llamados de la comunidad vecina de este sitio ¿por qué no actuaron?", recordó.
Reprochó que “ahora el alcalde sale a pedir reunión urgente con el Ministro de Justicia y a buscar culpables, cuando durante su periodo se la pasó improvisando en los temas de seguridad y sosteniendo en el cargo a personas cuyos resultados operativos fueron pésimos ¿Dónde están las cerca de 200 cámaras que iban a dejar instaladas? ¿Dónde está ese PISCC? Que entre otras cosas nos lo vendieron como “el mejor” ¿Dónde están los controles políticos del Concejo? Esto vuelve a reproducir y activar la inseguridad justo para la semana de mayor”.
Alcalde pide intervención del Gobierno Nacional y anuncia recompensa
Es válido anotar que, ante la gravedad de los hechos, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para coordinar una reunión que permita atender de fondo la crisis carcelaria que enfrenta la ciudad. El mandatario local insistió en la necesidad de articular esfuerzos con el Gobierno Nacional para evitar que una situación similar vuelva a repetirse.
También recordó que, mientras avanzan las investigaciones, la Policía Metropolitana intensificó los operativos de búsqueda y difundió el cartel con los rostros de los reclusos fugados. Asimismo, se anunció una recompensa de hasta cinco millones de pesos para quienes entreguen información que permita su ubicación.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para colaborar con datos que contribuyan a la pronta recaptura de estas personas y al restablecimiento del orden en la ciudad.