Con la llegada de diciembre, las celebraciones de Navidad y fin de año se convierten en una tradición en muchas organizaciones. Tanto en empresas privadas como en entidades públicas es habitual que se organicen fiestas, cenas y encuentros para compartir con los compañeros de trabajo, integrar los equipos y despedir el año.
Sin embargo, en el sector público, algunos de estos eventos han despertado polémicas por las altas sumas de dinero que se han invertido. Los gastos en artistas, bebidas, alimentación y logística han protagonizado diferentes escándalos por el uso de recursos del Estado. Ante esta situación, el Gobierno tomó medidas para que las entidades reduzcan este tipo de gastos durante las celebraciones de fin de año de 2026.
Gobierno busca frenar el gasto público en fiestas de fin de año
Los nuevos lineamientos quedaron establecidos en la Circular Externa No. 10 de 2026, expedida el 29 de octubre por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El documento reúne una serie de recomendaciones para que las entidades públicas revisen cómo utilizan sus presupuestos durante las celebraciones navideñas y las actividades de cierre de año.
Uno de los principales lineamientos es restringir el uso de recursos públicos para organizar eventos que tengan como único propósito celebrar. La medida incluye fiestas navideñas, recepciones, banquetes y otros encuentros que no sean una necesidad propia de las instituciones.
La orientación del Gobierno es que la plata de las entidades se destine principalmente a cumplir sus funciones y atender las necesidades de la ciudadanía. Por eso, la realización de una fiesta o reunión de fin de año no se considera una razón suficiente para utilizar recursos del presupuesto público.
Contratos para fiestas y artistas también están bajo revisión
La circular también pone la lupa sobre los contratos que se utilizan para organizar las celebraciones. En ese sentido, plantea que las entidades se abstengan de iniciar procesos de contratación, firmar convenios u órdenes de compra cuando su objetivo principal sea financiar actividades navideñas o eventos de cierre de año exclusivamente festivos.
Esta orientación incluye servicios que suelen contratarse para este tipo de reuniones, como alimentación, bebidas, decoración, espectáculos, alquiler de espacios y logística.
Además, se busca evitar que estos gastos se escondan bajo otros conceptos. Por eso, el documento pide revisar los recursos destinados a programas de bienestar, comunicaciones, logística y eventos institucionales, para comprobar que no se estén utilizando para pagar celebraciones que no tengan una justificación válida.
El objetivo es fortalecer los controles sobre el presupuesto y los contratos, para que las entidades puedan verificar en qué se está gastando el dinero y cuál es la finalidad de cada pago.
Asistencia a las celebraciones no podrá ser obligatoria
Otro de los puntos que aborda la circular tiene que ver con la participación de los trabajadores en las actividades navideñas. El Gobierno plantea que estos encuentros se realicen de manera voluntaria, sin obligar a los servidores públicos o contratistas a asistir.
Tampoco se podrán exigir aportes económicos a los trabajadores para financiar las celebraciones, como las populares "vacas". De esta manera, la participación en fiestas o actividades de integración no deberá convertirse en una obligación.
La medida, sin embargo, no elimina los programas institucionales de bienestar social ni los incentivos. Estos podrán continuar siempre que los recursos destinados a ellos respondan a necesidades justificadas y cumplan con las condiciones legales.
¿Quedan prohibidas las fiestas de Navidad en las entidades públicas?
Aunque las nuevas orientaciones buscan reducir los gastos en celebraciones, la circular no habla de una prohibición general para que las entidades públicas realicen actividades de Navidad o integración. El mismo documento aclara que sus disposiciones tienen carácter orientador y no crean nuevas prohibiciones legales.
Los lineamientos están dirigidos a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes y representantes legales de entidades del sector central y descentralizado a nivel nacional.