En Cúcuta se instaló la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, liderada por parte de los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Defensa, Pedro Sánchez, y acompañada por la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, la Misión de Observación Electoral y las autoridades locales y regionales.
Uno de los temas más importantes que se trató en este encuentro fue la seguridad de los territorios y de los votantes en esta jornada electoral. Específicamente en zonas como el Catatumbo, donde la fuerte presencia de actores armados y la confrontación activa generan escenarios de alerta.
En la Comisión, se hizo una revisión de la actualidad del orden público, las alertas tempranas emitidas, el despliegue de la fuerza pública y la preocupación por parte de las candidaturas en las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), donde el riesgo es mayor en comparación con otras zonas del departamento.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se han realizado siete comités exclusivos para estas circunscripciones, en los que se evaluaron 68 candidaturas a nivel nacional, donde se adoptaron medidas concretas de protección para estas candidaturas.
Alertas de la defensoría del pueblo
La defensora del pueblo, Iris Marín, quien acompañó la instalación del comité, presentó una serie de hallazgos de la Alerta Temprana Electoral emitida el pasado mes de octubre de 2025. En su intervención, Marín señaló que existen cuatro máximos riesgos para el proceso electoral en Norte de Santander. Incluida la situación de seguridad de las candidaturas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
"El primero se relaciona con la interferencia en el proselitismo político, así como con seguimientos, intimidaciones e interrupciones de actividades de campaña por parte de actores armados, con el propósito de condicionar el ejercicio del derecho al voto", expresó la defensora del pueblo.
Además, indicó que, aunque algunos grupos han expresado públicamente su compromiso, no existe coherencia entre ese discurso y sus acciones en el territorio.
Otro de los escenarios de alerta es la barrera para el ejercicio del derecho al voto, por la presencia de minas antipersona, el uso de drones, los retenes ilegales, el secuestro y la falta de transporte público; situaciones que podrían impedir el acceso de la población rural a los puestos de votación.
En tercer lugar, la afectación del censo electoral como consecuencia del desplazamiento masivo que se viene presentando desde el pasado mes de enero del año 2025; teniendo en cuenta que no tendrían garantizado su derecho al voto en los municipios donde llegaron.
De igual forma, la Defensoría ha identificado señalamientos contra algunas candidaturas, a las que se les atribuye afinidad con determinados grupos armados.
Por otra parte, la defensoría del pueblo se refirió a la situación de los firmantes del acuerdo de paz, trasladados desde el sector de Caño Indio, en el Catatumbo, hacia la ciudad de Cúcuta, sin que se cuente aún con información clara sobre las medidas adoptadas para garantizar su derecho al voto, conforme a lo establecido en el punto dos del Acuerdo Final de Paz.
Despliegue de la fuerza pública
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que cerca de 11 mil hombres de la fuerza pública están desplegados en varios municipios de la región del Catatumbo para garantizar la seguridad en el marco del proceso electoral.
Sin embargo, las comunidades han manifestado su preocupación, especialmente en zonas rurales, donde la presión y constreñimiento de los armados podría incidir en los resultados electorales.
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El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, ha solicitado que se garantice el derecho al voto y la participación de los nortesantandereanos en esta jornada del próximo mes de marzo.