Tener un vecino ruidoso, que abusa de los niveles de volumen en la música, o que tiene un vehículo modificado para emitir sonidos fuertes, puede llegar a ser un verdadero dolor de cabeza, pero actualmente en Colombia existe una ley que ampara los derechos de los ciudadanos. Aunque la idea no es reprimir ni prohibir las celebraciones o fiestas, sí se tiene la intención de controlar los decibeles del ruido, para no generar contaminación auditiva y garantizar la tranquilidad en las zonas residenciales.
Es importante que tanto la ciudadanía como las autoridades competentes tengan presente que esta ley, que está ad portas de cumplir un año de vigencia, fue diseñada para proteger a la ciudadanía, garantizando el orden y el respeto por la tranquilidad ajena.
La Ley 2450 de 2025, conocida popularmente como la Ley Antiruido, representa un avance significativo en la protección de la tranquilidad y la salud de los colombianos frente a la contaminación auditiva.
Ya en plena vigencia, esta normativa establece una Política Nacional de Calidad Acústica que busca diagnosticar, evaluar y gestionar el ruido en todo el territorio nacional, garantizando el derecho a un ambiente sano, la salud, la intimidad y la convivencia pacífica.
Esta ley, presentada y aceptada en el Congreso de la República, entró en vigencia desde marzo de 2025 y ya ha dejado resultados positivos para reducir la contaminación auditiva y garantizar la tranquilidad de miles de colombianos.
Entre sus puntos clave destacan los límites de emisión de ruido, que varían según el horario y el uso del suelo. En áreas residenciales, por ejemplo, se mencionan topes aproximados de 65 dB durante el día y 55 dB en la noche, equivalentes a una conversación moderada.
La norma fortalece las facultades de la Policía Nacional para intervenir de inmediato ante denuncias por ruidos excesivos, ya sea en viviendas, conjuntos residenciales, establecimientos comerciales o vehículos.
La ley adopta un enfoque preventivo, obligando a las autoridades territoriales a elaborar planes de gestión del ruido, delimitar zonas saturadas y promover campañas pedagógicas.
Vehículos con escapes modificados, especialmente motocicletas, enfrentan controles más rigurosos, con límites específicos (como 86 dB en algunos casos) y sanciones que incluyen rechazo en revisiones técnico-mecánicas.
Multas
“Es la imposición del pago de una suma de dinero en moneda colombiana, cuya graduación depende del comportamiento realizado, según la cual varía el monto de la multa. Así mismo, la desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia incrementará el valor de la multa, sin perjuicio de los intereses causados y el costo del cobro coactivo”, indica el documento de la Ley 2450.
Las multas se clasifican en generales y especiales, y van desde los 2 SMDLV hasta los 40 SMMLV.