En el corazón de Neiva, donde el comercio late con fuerza todos los días, hay una realidad que crece sin control y que hoy prende las alarmas, más de 1.000 vendedores informales estarían trabajando en el microcentro sin haber sido censados oficialmente.
Aunque durante la pandemia se realizó un registro que alcanzó a identificar cerca de 900 personas, líderes del sector aseguran que la cifra actual es mucho mayor, lo que evidencia un subregistro que complica cualquier intento de organización, regulación o apoyo institucional.
Para quienes viven del rebusque diario, no estar en el censo significa prácticamente no existir para el Estado. Muchos de estos trabajadores no fueron incluidos en el proceso inicial y otros son iniciaron en los últimos años, lo que ha generado barreras para acceder a programas de apoyo, capacitaciones o alternativas formales de empleo.
La informalidad, lejos de ser una elección, se convierte en la única opción para cientos de familias que dependen de lo que logran vender cada día en las calles del centro, sin embargo, esta realidad también ha traído consigo tensiones constantes con las autoridades y otros actores del espacio público.
El microcentro de Neiva se ha convertido en un punto crítico donde convergen múltiples problemáticas. A la falta de organización se suman dificultades en movilidad, ocupación indebida del espacio público, conflictos entre vendedores y comerciantes formales, e incluso situaciones que afectan la seguridad.
“La ausencia de un censo actualizado impide tener claridad sobre cuántas personas realmente ejercemos esta actividad, qué vendemos, en qué condiciones trabajamos y cuáles son las necesidades más urgentes”, indicó Olga Díaz Murcia, representante de esta población.
Desde el sector de los vendedores informales, el llamado es que necesitan ser reconocidos. Para ellos, un nuevo censo no es solo un trámite, sino una herramienta clave para dignificar su trabajo y abrir la puerta a soluciones reales.
“Hemos insistido en la importancia de que la administración municipal avance en un proceso de caracterización serio y actualizado que permita diseñar políticas públicas más acertadas. Sin datos reales, cualquier estrategia se queda corta”, agregó Díaz.
Además del reconocimiento, los vendedores piden espacios de diálogo que permitan construir soluciones conjuntas. La relación con la administración ha estado marcada por operativos de control que, aunque buscan ordenar la ciudad, muchas veces terminan afectando directamente el sustento de quienes dependen de estas ventas.
“Se trata de encontrar un equilibrio entre el derecho al trabajo y el orden del espacio público. Esto implica no solo control, sino también inversión social, programas de formalización, capacitación y generación de oportunidades. La informalidad no se resuelve con medidas aisladas, sino con una visión integral que entienda las causas de fondo”, puntualizó Díaz.
Mientras tanto, en las calles del centro, la realidad sigue siendo la misma, cientos de personas madrugan cada día a instalar sus puestos de frutas, bisutería, ropa, achiras y noche buena para navidad, a ofrecer sus productos y a luchar por llevar el sustento a sus hogares.
Son rostros que muchas veces pasan desapercibidos, pero que hacen parte esencial de la dinámica económica de la ciudad.
“En materia de seguridad nos hemos visto muy golpeados, porque el microcentro no es que sea seguro, hemos sufrido de robos, muchos de nuestros compañeros han sido atracados mientras van camino a sus casas, queremos mayor seguridad para nosotros también”, indicó Díaz.