La situación humanitaria y de orden público en Norte de Santander no solo se centra en la región del Catatumbo. También se centra en el área metropolitana de Cúcuta, la provincia de Ocaña y el sur del departamento. Allí hay presencia permanente de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC y grupos de origen paramilitar.
Ad portas de cumplirse dieciséis meses del inicio de la ofensiva militar del Ejército de Liberación Nacional contra las disidencias de las FARC en zonas como Tibú, Sardinata y El Tarra, la crisis en materia de seguridad cada vez es más compleja.
Desplazamientos, confinamientos, homicidios y secuestros están a la 'orden del día' en la región, afectando de manera directa a comunidades campesinas, indígenas y migrantes que quedan en medio de la guerra y combates entre los actores armados.
Amenazas a docentes
Una de las poblaciones que mayores ataques ha recibido en las últimas semanas por parte de grupos armados al margen de la ley son los docentes, los estudiantes y padres de familia, de sedes educativas rurales y urbanas en la región.
Ante esta situación, la Asociación de Institutores Nortesantandereanos (ASINORT) ha expresado su preocupación por el aumento de amenazas contra docentes en municipios como Cáchira, Labateca y Toledo, por parte de grupos armados que hacen presencia en la zona.
Exigen respeto por el derecho a la educación
Leonardo Sánchez, presidente de ASINORT, señaló que es fundamental que haya un respeto por el derecho a la educación en la región. Sumado a la exigencia para que permitan que la escuela sea territorio de paz y excluyan a esta población de todo tipo de violencia.
"Recogemos la inquietud de la viceministra de Educación, quien manifiesta que en muchos establecimientos educativos de la región del Catatumbo no han podido incidir en el periodo escolar. No se ha logrado avanzar en los planes de estudio, de los proyectos educativos institucionales, especialmente en zonas como Tibú y El Tarra", manifestó el líder sindical.
De igual forma, en municipios como Labateca y Toledo, en el sur del departamento, las comunidades educativas están siendo afectadas por el accionar de actores armados.
Hemos hecho reuniones junto a la Secretaría de Educación y defensores de derechos humanos; se ha determinado un grueso de situaciones que están en estudio, por las constantes amenazas a la comunidad educativa.
El magisterio ha solicitado a la Procuraduría General de la Nación, a la Unidad Nacional de Protección, para que se hagan los respectivos estudios de riesgos para los docentes y, de ser necesario, ejecutar traslados a otras zonas seguras del departamento.
Finalmente, ASINORT instó al gobierno nacional a garantizar la seguridad y la permanencia de los maestros en los territorios, así como la continuidad del calendario académico de miles de niños y niñas en la zona.