El Real Academia Española define la ley seca como aquella normativa que “prohíbe el tráfico y consumo de bebidas alcohólicas”, y es una ley antigua, que tiene su origen en Estados Unidos, en donde se prohibió la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante 13 años, entre 1920 y 1933.
En algunas ciudades de Estados Unidos se aplicó esta restricción, bajo el argumento de que el consumo de alcohol, especialmente en grandes cantidades, generaba enfermedades, demencia, contribuía al empobrecimiento de la población y estimulaba los actos vandálicos y la delincuencia, como consecuencia de los efectos que generaba en los consumidores.
La ley se aplicó con la intención de reducir este tipo de afectaciones en los ciudadanos, y en general, con el objetivo de garantizar el orden.
Ley seca en Colombia
Con el tiempo este tipo de restricciones empezaron también a aplicarse en otros países, llegando a Colombia, para aplicarse específicamente en días previos y durante la realización de elecciones, tanto en ámbitos locales como nacionales.
El motivo de esto es que se garantice la completa normalidad en el desarrollo de los comicios, que no haya alteraciones al orden público, y que no se le agregue un condimento más a la efervescencia que generan este tipo de eventos masivos, en los que hay una gran cantidad de emociones y choques por las diferentes posturas e ideales políticos.
Autonomía en la aplicación de la ley seca
Esta es una normativa que se puede llegar a aplicar en todo el territorio nacional, si así lo determina el Gobierno Nacional de Colombia; de la misma manera, se puede aplicar en todo un departamento, si lo aprueba alguna gobernación; y también aplica independientemente en cada municipio, en caso de que las administraciones municipales lo consideren pertinente.
Usualmente cada municipio toma la determinación de aplicar la ley seca durante los periodos electorales, y se tiene la autonomía para definir los horarios y días en que se aplica la restricción; además, cada administración tiene la responsabilidad, junto a la Fuerza Pública, de garantizar el cumplimiento de la ley seca, y que no se generen afectaciones al orden público como consecuencia de los efectos que pueden llegar a generar las bebidas alcohólicas en los ciudadanos.