La sanción impuesta por el Ministerio del Trabajo a la Alcaldía de Neiva a inicios de 2025 cercana a los $800 millones, dejó en evidencia una problemática estructural que se arrastró durante más de 12 años, el deterioro progresivo de la infraestructura física donde operan varias dependencias municipales.
Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, impactó de manera directa la salud, la seguridad y el bienestar laboral de los funcionarios públicos, quienes durante años desarrollaron sus funciones en espacios con falencias eléctricas y sanitarias.
El origen de la sanción se remonta a una queja formal presentada por trabajadores de la administración municipal entre los años 2020 y 2021 durante la administración de Gorky Muñoz, que acudieron al Ministerio del Trabajo ante la falta de respuestas efectivas por parte del gobierno local de ese momento.
Tras las inspecciones correspondientes, la entidad nacional ordenó la formulación de un plan de mejoramiento, en el que se establecían acciones concretas para corregir los riesgos identificados en distintas sedes de la Alcaldía; sin embargo, dicho plan no fue cumplido por la administración anterior, lo que derivó, años después, en la imposición de una sanción económica.
“El proceso sancionatorio encontró a un municipio con serias limitaciones presupuestales y con una infraestructura altamente rezagada. No obstante, desde 2024 se han venido adelantando acciones para mitigar el impacto de la sanción y, sobre todo, para responder a las exigencias del Ministerio del Trabajo”, indicó el secretario general de Neiva, Raúl Eduardo Mosquera.
Estas gestiones fueron presentadas como argumentos para solicitar una reducción en el monto de la multa, sustentadas en inversiones y avances verificables.
“Uno de los principales soportes fue la ejecución de un contrato adjudicado en 2023, por un valor cercano a los 180 o 200 millones de pesos, que permitió intervenir cinco sedes estratégicas del municipio, entre ellas se encuentran las instalaciones del Cuerpo Oficial de Bomberos, la oficina del Sisbén, áreas de la Secretaría de Salud y algunas dependencias del sector de movilidad”, agregó.
Las intervenciones incluyeron adecuaciones locativas, mejoras en cubiertas, sistemas eléctricos y condiciones básicas de seguridad y salubridad. Según el funcionario, el deterioro no se originó en una sola vigencia, sino que fue el resultado de más de una década sin inversiones estructurales suficientes en mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios públicos.
“Para el año 2026, se proyecta nuevos procesos de contratación enfocados en el mantenimiento integral de las sedes de la alcaldía. La estrategia contempla intervenciones graduales, ajustadas a los márgenes financieros del municipio, con el fin de mejorar las condiciones laborales sin comprometer la sostenibilidad fiscal”, puntualizó el secretario.
La administración municipal insiste en que el cumplimiento del plan de mejoramiento exigido por el Ministerio del Trabajo es una prioridad, no solo para cerrar el proceso sancionatorio, sino para garantizar espacios dignos y seguros.
Sin embargo, el Ministerio de Trabajo indico que ante la gravedad de lo ocurrido con la infraestructura, la capacidad económica del Municipio, su clasificación y los incumplimientos impuso la sanción o multa aproximada de $794.107.584.