Con acompañamiento policial, los agentes de tránsito de Pereira han tenido que reforzar recientemente sus operativos de control a la movilidad, debido a las constantes agresiones de las que vienen siendo víctimas en las calles de la ciudad.
Según explicó el director del Instituto de Movilidad, Julián Buitrago, por razones de seguridad se ha vuelto frecuente el apoyo de unidades de la Policía, incluso en procedimientos altamente solicitados por la ciudadanía, como los controles a los piques ilegales. Advirtió que los hechos de violencia contra los llamados guardas de tránsito han escalado, llegando a poner en riesgo sus vidas.
Agentes ahora trabajan con escolta policial en Pereira
“Cuando realizamos operativos que pueden generar alteraciones del orden público, trabajamos de manera conjunta con la Policía y la Secretaría de Gobierno, como en los controles a piques ilegales, transporte informal o vehículos mal estacionados que obstruyen vías en los barrios”, advirtió el director.
Agregó que en todos los operativos procuran estar acompañados de los uniformados, “porque desafortunadamente está tomando fuerza la idea de que el agente de tránsito no debe ser respetado, lo que ha derivado en agresiones mientras cumplen su labor.”
Aumentan agresiones y autoridades piden respeto a la labor pública
El funcionario también señaló que estos actos de intolerancia han venido en aumento en los últimos meses, en parte por el comportamiento de algunas personas que, bajo el rol de veedores, estarían incentivando indirectamente el irrespeto hacia los agentes de tránsito e incluso hacia la Policía.
En lo corrido del año, en Pereira y Dosquebradas se han registrado al menos tres casos en los que servidores públicos han resultado lesionados durante el ejercicio de sus funciones, tras ser agredidos por ciudadanos.
El caso más reciente se registró en la capital risaraldense, donde un ciudadano que se pasó un semáforo en rojo, al ser requerido por un agente de tránsito, le disparó con un arma traumática, causándole lesiones que le generaron diez días de incapacidad.
Cabe recordar que este tipo de conductas constituye un delito que puede acarrear penas de entre cuatro y ocho años de prisión, dependiendo de su gravedad y de si se emplearon armas u objetos contundentes.